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La sentencia de los ERE podría no conocerse antes de las elecciones

Las comparecencias de Chaves, Griñán, Díaz y Montero ante la comisión del caso Faffe serán los días 7 y 8 de noviembre.

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Aunque nadie pensaba que ello pudiera ocurrir, dada la fecha límite fijada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la fecha estipulada para la inspección del juzgado de la magistrada María Núñez Bolaños, ahora ya comienzan a extenderse las dudas acerca de que si la sentencia de los ERE y el resultado de la inspección podrán conocerse antes de las elecciones.

Las dudas proceden de dos fuentes, cuando menos, bien diferentes. Una se deduce de las declaraciones del propio vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que ayer mismo dijo a La Razón que la sentencia de los ERE tendría que haber llegado, según dijeron en diciembre, antes de marzo o abril. Y añadió: "En el tema concreto de los ERE nadie puede entender cómo ocho años después no haya una sentencia".

Tenía un precedente relevante porque nada menos que Lorenzo del Río, presidente del TSJA, que no hace mucho fijó la publicación de la sentencia para finales de octubre, hace unos días comenzó a dejar más borrosa la fecha de dictado que él mismo había señalado para el 26 de octubre. Ahora, esa fecha ya no es la fecha para dar a conocer la sentencia sino la fecha en que se acaba la dedicación exclusiva del ponente, Juan Antonio Calle Peña.

En declaraciones de hace unos días, Lorenzo del Río dijo "no le puedo asegurar que se tenga para ese día, nosotros lo que hemos hecho desde la sala de gobierno es autorizar una exención que nos pidió el ponente de la sentencia porque necesitaba una liberación hasta el 27 de octubre", argumentó.

Diario de Sevilla adelantaba dos posibilidades si finalmente se consuma el retraso. Una, que la sentencia no esté terminada para el día 26 de octubre y se prorrogue la dedicación exclusiva del ponente un mes más y dos, que, por no prorrogarse la ventaja laboral del ponente, la sentencia no pudiera terminarse hasta bastante después de las elecciones.

Como, en cualquier caso, parece difícil que la sentencia no termine, cuando menos, en algunas condenas, su conocimiento provocará la conmoción pública habitual en casos de sentencias relevantes.

A nadie puede escapársele que en Andalucía están juego nada menos que 61 escaños de los 350 que se dirimen en las elecciones del próximo 10 de noviembre, como tampoco puede ignorarse que la última semana vivida en España como consecuencia de los desórdenes sufridos en Cataluña es un factor que ya está teniendo repercusiones en las recientes encuestas.

Otro de los conflictos cuya resolución debería conocerse antes de las elecciones es el resultado de la inspección del juzgado de la juez Núñez Bolaños. El pasado martes comenzaron en Sevilla su labor de análisis de lo ocurrido en dicho juzgado tras la recepción en el Consejo General del Poder Judicial de la denuncia formal del Fiscal Jefe Anticorrupción y de sus seis fiscales de Sevilla.

Recuérdese que tras haber troceado los casos de los ERE y de la formación, de haber archivado la causa política del frade de la formación y de haber comenzado un rosario de archivos, retrasos cuando no de decisiones inexplicables, los seis fiscales anticorrupción que intervienen en las macrocausas de corrupción del juzgado de Bolaños, elevaron una queja formal por la imposibilidad de consumar una instrucción normal de los casos.

Pero lo que parecía iba a ser un trabajo más o menos rápido se ha convertido en un trabajo más detenido debido, probablemente, a la cantidad de documentos que hay que examinar en una labor inspectora que abarca varios años y más de un centenar de piezas separadas sólo en el caso ERE. Por lo menos ya de espera, según El Mundo, que las tareas se alarguen durante toda esta semana. Y ya veremos la siguiente.

Como tras la labor inspectora, hay que redactar las conclusiones provisionales y elevarlas al Consejo General del Poder Judicial –recuérdese que si consideran que la juez debe ser sancionada pueden conllevar desde multas varias a la separación de la carrera judicial –, la adopción final de la decisión podría alargarse más allá del día 10 de noviembre, fuera del clima electoral.

Tampoco puede escaparse a nadie que, en cualquier caso, el resultado de esta inspección podría tener incidencia electoral, cuando menos en Andalucía.

Hay un tercer factor que puede influir en las elecciones pero que, al ser político y no judicial, ya se ha fijado para pocos días antes de las elecciones. Se trata de las comparecencias de Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Susana Díaz y María Jesús Montero en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el caso de la Fundación Andaluza para el Fondo de Formación para el Empleo.

El caso FAFFE, una de las piezas claves del fraude de los cursos de formación tanto a nivel judicial –pieza separada del macrocaso– como a nivel político en el Parlamento andaluz cobrará especial interés durante la campaña electoral porque todos los mencionados comparecerán los día 7 y 8 de noviembre, a días de la celebración de las elecciones.

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