Pere Aragonès trata de elevar la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez en un momento de especial debilidad de ERC en Cataluña. Junts per Catalunya (JxCat) y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) exigen al partido de Oriol Junqueras y Aragonès que rompa la mesa de diálogo y negociación con el Ejecutivo y se prepare para un nuevo embate contra el Estado. Acusan al partido republicano de haber dado grandes pasos atrás y de haberse instalado en el autonomismo.
La respuesta de los principales dirigentes de ERC es una apelación al pragmatismo, el rechazo a las vías unilaterales que preconizan sus "aliados" independentistas y la promesa de que el acuerdo para la "desjudicialización" está en marcha. Para aplacar a los críticos y en declaraciones en TV3, Aragonès ha fijado el próximo 31 de diciembre como fecha límite para cerrar las reformas legislativas que eviten que quienes todavía están pendientes de juicio por la organización del referéndum ilegal, entre ellos varios altos cargos de ERC, no sean acusados de delitos que impliquen penas de cárcel.
Según Aragonès, no se entendería que habiendo sido indultados los artífices del golpe de Estado puedan ser acusados de delitos que implican penas de prisión quienes se encargaron de la organización y logística del referéndum ilegal, como los diputados autonómicos republicanos Josep Maria Jové –que es uno de los negociadores de ERC con el Gobierno–, Lluís Salvadó, y la consejera de Cultura de la Generalidad, Natàlia Garriga, quienes durante la organización del golpe eran altos cargos del departamento de Economía que dirigía Junqueras.
Los cambios en el CGPJ y el TC
Al respecto, Aragonès ha manifestado que "la desjudicialización significa que nadie tenga que entrar en prisión y que los exiliados (sic) puedan volver. No podemos confiar en la justicia española, tan conservadora, pero podemos hacer reformas legislativas que impidan la persecución de ideas políticas".
El presidente autonómico de Cataluña ha evitado pronunciarse sobre las maniobras de Pedro Sánchez para imponer una mayoría de izquierdas y sensible al separatismo tanto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como en el Tribunal Constitucional, movimientos clave para el éxito de la "desjudicialización" del separatismo que pretenden tanto el Gobierno como la Generalidad.
Poco después de la entrevista a Aragonès en TV3 y durante la apertura del curso judicial, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha criticado expresamente esa operación, que ha equiparado al establecimiento de una impunidad judicial para el independentismo. También ha reivindicado el papel de los jueces y ha negado que la crispación política se deba a la actuación de los jueces en defensa de la legalidad.
El referéndum, en la próxima legislatura
Por otra parte, Aragonès ha asegurado que "sería engañar a la gente plantear un referéndum en una semana o en un mes" y se ha escudado en el calendario electoral para postergar la posibilidad de un acuerdo con el Gobierno para celebrar un referéndum de autodeterminación hasta pasadas las próximas elecciones generales, previstas para finales de 2023 o principios de 2024. En su opinión, la celebración de las municipales y de las autonómicas en algunas regiones en la próxima primavera hacen imposible un pacto para un referéndum con el Ejecutivo de Sánchez. Habrá que esperar a la constitución de un nuevo Gobierno tras las generales. En el caso de que sean PP y Vox quienes formen parte de dicho Ejecutivo, Aragonès ha asegurado que el Govern catalán no se levantará de la mesa y seguirá con la bandera del diálogo.
También ha explicado que no asistirá a la manifestación del 11 de septiembre convocada por la ANC porque a su juicio va contra el ejecutivo que preside y no tendría sentido que él participara en esa protesta. Ningún consejero de ERC asistirá, a diferencia de los de JxCat, que han anunciado su presencia entre dardos a la formación republicana. A pesar de la tensión entre ambas formaciones, Aragonès está seguro de que JxCat no romperá el gobierno de coalición a pesar de las presiones de la presidenta de la formación posconvergente, Laura Borràs, desplazada de la presidencia del parlamento autonómico al estar encausada por corrupción.