En España más de 30.000 niños estudian en colegios de educación Especial. Miles de familias observan con preocupación y angustia el proceso de liquidación de esta escuela; un proceso recogido en la Ley Celaá muy avanzado en comunidades como Cataluña, Valencia y Aragón. Madrid, con su Ley Maestra, protege esta escuela y la presenta como el mejor ejemplo de inclusión. Un concepto que el gobierno pervierte en una decisión ideológica que avala el Tribunal Constitucional.
