Vox ha registrado en el Congreso una iniciativa para votar en Pleno sobre la ilegalización de Bildu, después de que se conociera que sus listas cuentan con 40 terroristas como candidatos, siete de ellos condenados por asesinato. El partido exige aplicar la Ley de Partidos por la que se ilegalizó a Batasuna-ETA.
En su artículo 11 la norma recoge que "el Congreso o el Senado podrán instar al Gobierno a que solicite la ilegalización de un partido político, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización, previa deliberación del Consejo de Ministros, por las causas recogidas en el artículo 9 de la presente Ley". En él se establece que los partidos no podrán tener "conductas contrarias al ordenamiento jurídico". El artículo 2 recoge que los promotores de un partido no pueden haber sido condenados por terrorismo.
Si la propuesta saliera adelante en el Congreso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez estará obligado a iniciar el procedimiento para la ilegalización que debe decidir en última instancia el Tribunal Supremo, como ya ocurrió con Batasuna, que fue ilegalizada por los mismos motivos que podría serlo Bildu: la inclusión de terroristas o asociaciones vinculadas a ETA.
También se esgrimió como prueba la declaración de Arnaldo Otegi calificando de "suceso" un atentado y anticipó la posibilidad de que se produjeran nuevos atentados por la prolongación del "conflicto político que vive Euskal Herria". Otegi es hoy el coordinador general de Bildu, partido que no ha condenado los atentados de ETA.
El antecedente
Vox reclama en su propuesta que se inste a su ilegalización porque "es un debe moral, un compromiso con las miles de víctimas del terrorismo, a las que Bildu desprecia" ya que, no hacerlo, "sería una afrente imperdonable" tanto a ellas como a todos los españoles. Recuerdan que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero negoció con ETA su regreso a las instituciones a cambio de dejar de matar.
El partido critica también las "vergonzosas sentencias del Tribunal Constitucional" de 2011 y 2012 que "suponen la práctica derogación de la Ley de Partidos"; y la sentencia del Tribunal Supremo que presidió Pascual Sala, "fiel cumplidor de las instrucciones de Zapatero, que bendijo definitivamente la estrategia diseñada por el entramado terrorista ETA/Batasuna para que el ilegalizado brazo político de ETA participase de la democracia".
Las ministras de Defensa, Margarita Robles, y de Economía, Nadia Calviño, han rechazado la inclusión de terroristas pero dicen que es "legal", como la presidenta socialista de Navarra, María Chivite. Unidad Podemos ha salido a defender a Bildu a través de Irene Montero, que pide "respeto", y de Ione Belarra, que acusa a la derecha de "utilizar a ETA en campaña".