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SCC se planta ante el enjuague entre PSOE y Junts para desactivar la causa contra los golpistas en el TdC

La entidad constitucionalista anuncia que se mantendrá como acusación particular: "La Justicia está por encima de favores políticos"

La entidad constitucionalista anuncia que se mantendrá como acusación particular: "La Justicia está por encima de favores políticos"
Artur Mas, uno de los juzgados en el Tribunal de Cuentas. | Europa Press

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha anunciado que seguirá adelante como acusación particular en el juicio que se celebrará el próximo 17 de noviembre en relación a la malversación de fondos públicos a cargo de los golpistas catalanes para la organización del referéndum ilegal del 1-O y para la proyección internacional del proceso separatista.

La entidad constitucional ha hecho este anuncio tras la publicación en La Vanguardia de una información sobre las negociaciones entre el PSOE y Junts per Catalunya (JxCat) para evitar que los dirigentes independentistas encausados tengan que hacer frente al pago del dinero malversado en el denominado Procés.

SCC, organización que preside Elda Mata, ha asegurado a través de la red social X que "mantenemos la acusación en resguardo de nuestro ordenamiento jurídico también en Cataluña. No entendemos de componendas. La Justicia está por encima de los favores políticos. Seguimos adelante".

La resolución de esta entidad puede dificultar el propósito del PSOE y JxCat para impedir el pago de al menos 3,4 millones de euros que según la Fiscalía es lo que deberían pagar los encausados, entre ellos Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Artur Mas, así como una treintena de altos cargos de los gobiernos de la Generalidad.

En febrero del año pasado, SCC presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra once ex altos cargos de la Generalidad bajo la acusación de haber malversado 5.309.807,02 euros en gastos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre y la propaganda internacional del proceso separatista al margen de las competencias estatutarias de la Generalidad.

Los señalados en la demanda eran: Carles Puigdemont (3.303.000 euros), Oriol Junqueras (2.515.000), Artur Mas (1.840.000), Raül Romeva (617.000), Dolors Bassa (1.301.000), Francesc Homs (1.936.000), Toni Comín (1.134.000), Clara Ponsatí (900.000), Jordi Turull (505.000), Neus Munté (338.000) y Lluís Puig (238.000).

Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas redujo la factura hasta los 3,4 millones a raíz de los cambios en el tribunal facilitados por la anterior dirección del PP, comandada por Pablo Casado y Teodoro García Egea. Por el 1-O el anterior fiscal, Miguel Ángel Torres, reclamaba el retorno de 3.903.294 euros y ahora sólo 1.219.838 euros. En el caso de la difusión internacional de la causa separatista, se pedían 5.150.711 millones de euros y ahora 2.209.503 euros.

El nuevo fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, siguió instrucciones de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para rebajar la factura. Fue el 13 de abril de 2022, en plena Semana Santa, cuando se anunció la rebaja de un 62% de la cantidad a reclamar a los golpistas. La propia Fiscalía General del Estado emitía el Miércoles Santo un comunicado en el que explicaba que su demanda contra los golpistas se fijaba en 3,4 millones de euros frente a los 9 millones solicitados inicialmente por el anterior fiscal jefe del Tribunal de Cuentas.

Ahora, la intención del PSOE y de Junts sería que la Fiscalía retirase la reclamación para reducir todavía más la factura a pagar por los separatistas. Es esa posibilidad la que ha animado a SCC a anunciar que no cederá en su empeño de que los golpistas devuelvan el dinero malversado.

Una de las primeras acciones del gobierno de la Generalidad tras las elecciones del 14 de febrero de 2021 fue avalar las fianzas que solicitaba el Tribunal de Cuentas a través del Institut Català de Finances, una operación dirigida por el exconsejero del gobierno catalán (entonces de coalición entre ERC y JxCat) Jaume Giró. El aval resultó sumamente político, pues la Generalidad respaldaba con fondos públicos las responsabilidades de sus ex dirigentes por haber utilizado fondos públicos para los objetivos políticos del proceso separatista. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas aceptó el aval, lo que permitió a la Generalidad restablecer su red de "embajadas" en el exterior. La negociación entre el PSOE y Junts se enmarca en las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez con la amnistía general para el separatismo como telón de fondo.

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