La Ley de amnistía pactada entre PSOE y sus socios podría dejar fuera los casos de lawfare. Se trata de una palabra popularizada por la izquierda populista latinoamericana e importada en España por Podemos y los separatistas para hablar de los casos de supuesta "persecución policial".
Que quede fuera de la norma no significa que no se vaya a eximir de perdón a Laura Borrás, Gonzalo Boyé y Miquel Buch. El acuerdo, para indignación de todas las asociaciones judiciales, menciona la palabra y establece como cauce que el Congreso de los Diputados cree "comisiones de investigación" para juzgar la labor de los jueces y determinar cuándo hubo lawfare
Esta Comisión de Investigación la creará el pleno del Congreso con los votos del PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, BNG y Bildu. Además de los casos de Laura Borrás, condenada por fraccionar contratos, o Gonzalo Boyé, imputado por blanquear dinero del narcotráfico, se podrían añadir nuevos casos.
Una comisión con más nombres
Podemos siempre ha defendido la teoría de lawfare para defenderse de causas como los pagos de Juan Carlos Monedero en el caso Neurona o el robo de la tarjeta de la asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. También Bildu podría aprovechar la Comisión de Investigación para colar lo que ellos consideran como persecución judicial. Un ejemplo es la condena a varios proetarras tras la agresión a varios guardias civiles en la localidad navarra de Alsasua. El partido de Otegi siempre habló de "montaje judicial y policial".
Las conclusiones de las Comisiones de Investigación nunca son vinculantes pero deben plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno de la Cámara. Si salen adelante, Sánchez podría optar por incluirlos en la Ley de amnistía, aunque dada la premura con la que los grupos quieren aprobarla, es algo que no parece muy factible. El Ejecutivo sí podría optar por otra medida de gracia menos controvertida: los indultos. Estos se volverían a convertir en una moneda de cambio para la aprobación de Presupuestos.
Fuentes del PSOE, tras los comunicados de las asociaciones, añaden que "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial", pese a que lo firmado dice lo contrario.
El referéndum por la mesa de diálogo
Tal y como publicó LD, el referéndum se llevará a la Mesa de Diálogo y se someterá a votación como las conclusiones finales. Junts, al igual que ERC, propondrán "la celebración de un referéndum de autodeterminación" acogiéndose al artículo 92 de la Constitución. Éste asegura que "el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados".
Los socialistas, según el acuerdo firmado con Puigdemont, defenderán que la consulta verse sobre "el amplio desarrollo del Estatut de 2006 así como un amplio despliegue". Es decir, recuperar los aspectos declarados como inconstitucionales por el Tribunal de Garantías.
Lo que el PSOE quiere entregarles
Los socialistas ya han dejado plasmado en varios documentos internos hasta dónde están dispuestos a ceder. En la llamada "declaración de Barcelona", que es un documento marco del PSOE, se habla de "culminar el traspaso de las transferencias pendientes" como salvamento marítimo, protección civil, formación sanitaria especializada y mutuas de accidentes de trabajo.
Otro punto conflictivo es cuando habla de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir un Consejo de Justicia de Cataluña, "configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial".
Se trata de una de las más controvertidas propuestas del Estatuto catalán de 2006, que se cerró tras un encuentro entre Zapatero y Artur Mas. También uno de los pocos artículos que el TC presidido por María Emilia Casas tumbó por inconstitucional.
En los párrafos suprimidos se afirmaba que los miembros del Consejo de Justicia de Cataluña serían "designados" por el Parlamento Catalán y que su presidente sería "el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". Una réplica del CGPJ en Cataluña pero controlada por el separatismo que podría nombrar a los jueces en todo su territorio.