Haciendo suyas las acusaciones de los separatistas, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha protagonizado este viernes por la mañana un nuevo capítulo de señalamiento público contra los jueces. En una entrevista en TVE, Ribera ha dicho que el magistrado Manuel García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles".
La vicepresidenta ha hecho estas declaraciones después de que el juez de la Audiencia Nacional se reafirmara en su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar a Puigdemont por delitos de terrorismo. "Hay algunas personas que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial", ha llegado a decir.
El Gobierno trata de matizar sus palabras
Viendo el revuelo generado por estas declaraciones, desde el Gobierno han tratado de frenar la polémica con un comunicado en el que matizan a su vicepresidenta. "El Gobierno demuestra con su actuación su respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor", dicen desde el Ejecutivo que añaden que "siempre respetan las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas".
Sin mencionar directamente las palabras de Ribera, desde el Gobierno explican que en el caso Tsunami, "las decisiones del magistrado fueron recurridas por el Fiscal del caso", por lo que la 2consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional". "Ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales y el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte".
Tras ello, se defienden atacando al PP: "Si en España hay un claro ejemplo de intervencionismo en el Poder Judicial es el secuestro al cual el Partido Popular está sometiendo al CGPJ bloqueando su renovación desde hace más de 5 años. O el intento de controlar la Sala Segunda del TS por detrás, como manifestaron en su día dirigentes del PP". "El Gobierno defenderá a los jueces y magistrados de nuestro país de cualquier injerencia en su trabajo, también de los intentos de hacerlo del PP", termina el texto.
La respuesta del PP
Por su parte, desde PP consideran que es de "una gravedad extrema que una vicepresidenta del Gobierno insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones". El sanchismo, según Génova, ha asumido el discurso separatista de que la Justicia no es imparcial y "Ribera ha puesto voz a los que dicen que en España hay lawfare".
"Duele ver al Gobierno de nuestro país recitar el argumentario independentista, desprestigiando de paso nuestro sistema democrático y cada vez cuesta más diferenciar las declaraciones que hacen los dirigentes del PSOE de aquellas que hacen los de ERC o Junts", sentencian los populares, que recuerdan que "los socialistas no cuestionaban la imparcialidad del juez García-Castellón cuando instruía casos como Púnica, Lezo o Kitchen".
La número dos del partido, Cuca Gamarra, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al titular de Justicia, Félix Bolaños, que "desautoricen de manera tajante e inmediata" las declaraciones de Ribera, "porque ya no habla un partido, habla el Gobierno". "Si no lo hacen, con su silencio están asumiendo que en España hay lawfare".
Reprobación en el Senado
El Grupo Parlamentario Popular también reprobará a la vicepresidenta tercera en el Pleno del Senado y piden su comparecencia para que dé explicaciones . Para la portavoz del PP en esa Cámara, Alicia García, "Puigdemont ordena y el Gobierno obedece, aunque eso suponga atacar a nuestro propio Estado de derecho".
"Es lamentable que Sánchez esté plegado a los intereses de un prófugo de la justicia y que recite el argumentario independentista para desprestigiar a nuestras instituciones democráticas", ha sentenciado García.
Además los populares llevarán a Europa este ataque del Gobierno a la Justicia y realizarán una pregunta parlamentaria sobre este asunto. Además, pedirán a la Comisión Europea que inste al Gobierno a respetar la separación de poderes y velar por la lealtad institucional.
Ayuso: es de "república bananera"
De manera pública y abierta se ha pronunciado la presidenta madrileña. A preguntas de la prensa, tras su visita a la cadena de supermercados Coviran, en Coslada, Isabel Díaz Ayuso ha censurado lo ocurrido. "Me parece insensato que la vicepresidenta del Gobierno, que los ministros sigan atacando a la Justicia. El daño que se hace a la imagen de los jueces, perseguirles, listas negras, coacciones… Esto es de una república bananera", ha dicho.
Para Ayuso es "intolerable" y ha apuntado que "lo hacen por lo mismo: proteger a sus socios que han cometido graves delitos y que los mantienen en la Moncloa". "Es tal el esperpento y el espectáculo al que estamos los españoles sometidos día a día que no se hace sostenible este Gobierno".
La presidenta considera que "un país que no respeta la separación de poderes ni al poder judicial es un país que está abocado al absoluto fracaso, a la expulsión de inversiones y a la destrucción del propio Estado".
En términos similares se había pronunciado minutos antes durante su visita a la plataforma logística de Coviran. "Tratar a la Justicia española como si fuera una república bananera expulsa la inversión, mata la creación de puestos de trabajo y, desde luego, no da confianza a las personas que ponen el patrimonio de sus hijos en juego para crear puestos de trabajo. como hacen los empresarios".
"Ni señalar a los jueces ni desprestigiarlos sirve para dar seguridad jurídica" y, por tanto para "crecer, dar confianza y que a su vez se puedan crear más empresas". Por eso, "tanto las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno como las de todo el Consejo de Ministros hacen flaco favor a todo esto: expulsa la inversión y lo estamos viendo cómo está ocurriendo con la amnistía", ha añadido.