Las conclusiones de la delegación europea que comprobó sobre el terreno las supuestas bondades del sistema de inmersión lingüística en la enseñanza en Cataluña describen un panorama espeluznante.
Las familias que piden clases de español para sus hijos sufren acoso y ataques xenófobos, las autoridades autonómicas incumplen leyes y sentencias, los niños cuyo idioma materno es el español son discriminados, la consejera de Educación, la republicana Anna Simó, considera que el castellano ya se aprende en la televisión o en las redes sociales y el Gobierno incumple de manera palmaria sus obligaciones en la región.
El borrador que este miércoles analizará la comisión de peticiones del Parlamento Europeo ofrece un retrato descarnado sobre el peculiar sistema educativo de la Generalidad y pide, de entrada, que el español tenga el mismo trato en las escuelas que el catalán, es decir, que se considere lengua vehicular. También reclama a las autoridades españolas –incluidas las de la Generalidad– que se cumpla la sentencia sobre el 25% de español en la educación obligatoria.
"Debe dar el mismo trato al español y al catalán"
El texto, elaborado por los seis eurodiputados que visitaron Cataluña el pasado diciembre, cita el artículo 3 de la Constitución que fija la oficialidad del castellano en toda España e indica que "el sistema educativo en Cataluña debe dar el mismo trato al español y al catalán como lenguas de enseñanza y que debe tomar las medidas necesarias para compensar las deficiencias en cualquiera de las lenguas tal y como establece la ley orgánica española de educación".
También se insta al Gobierno a que procure que en Cataluña se dé un trato igualitario a las lenguas cooficiales y a la Comisión Europea a que compruebe "la forma en que se aplica en Cataluña el respeto a la diversidad lingüística por parte de las autoridades regionales".
Los eurodiputados señalan además "el acoso contra los niños" cuyos padres han reclamado el derecho a que sus hijos reciban enseñanza también en español, la "xenofobia" y los "discursos de odio" contra estas familias y exige a la Generalidad que impida esa clase de comportamientos "inaceptables" en el interior de los colegios.
"Toda discriminación basada en la lengua está explícitamente prohibida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea", recuerda un texto que también hace mención a que "el sistema educativo debe tener en cuenta el interés superior del niño en las políticas lingüísticas".
El informe recoge también las entrevistas que los eurodiputados llevaron a cabo con padres, profesores, autoridades regionales y jueces. En concreto, reseña que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, se refirió al nulo interés de la Generalidad en relación a un "uso razonable" del español en las aulas y la falta de cooperación de la Alta Inspección Educativa –un órgano dependiente del Gobierno– en relación a la aplicación de la sentencia del 25% de español. También apuntó el acoso contra las familias, los señalamientos, la xenofobia y cómo las autoridades regionales, parte de la comunidad educativa y los partidos independentistas piden a esas familias que se adapten, se callen o se marchen.
Simó: el español se aprende en la tele
En cuanto a la entrevista con la consejera de Educación, Anna Simó, los eurodiputados constataron su falta de interés y de colaboración con la misión del Parlamento Europeo, que les dedicó menos tiempo del inicialmente pactado alegando que tenía una reunión con el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, sobre el informe PISA –cuyos resultados reflejan un desastre sin paliativos en la educación catalana–, que si no se tenía en cuenta el español en la educación es porque se puede aprender en la televisión y en las redes sociales y que la culpa del descenso del uso del catalán era de los inmigrantes.