La documentación entregada al Parlamento Europeo no sólo certifica una especial relación y vinculación entre el separatismo catalán y Rusia. Habla incluso de un evidente acercamiento personal por parte de Carles Puigdemont a Vladimir Putin hasta el punto de que los enviados del Kremlin llegaron a hablar de una videoconferencia entre los dos políticos.
El juzgado de Joaquín Aguirre ha dejado ya buena prueba de que sigue profundizando en las investigaciones del caso Voloh. Cuenta con informes y testificales que prueban que Junts y Rusia pactaron un sistema de "recursos monetarios" que evitase "las acciones de control", como destaca la documentación judicial a la que ha tenido acceso Libertad Digital.
El juez Aguirre cuenta igualmente con documentos que prueban el deseo de la Generalidad catalana de estirar el Instituto Catalán de Finanzas para convertirlo en dos cosas: la primera se conocía ya por las investigaciones del 1-O y no era otra cosa que hacer nacer del Instituto el futuro Banco Central de la pretendida república catalana. La segunda es la que desvela la coordinación del plan separatista con Rusia: convertir esa institución en el mecanismo de blanqueo de fondos rusos. Y, por si fuera poco, esa misma documentación ha probado viajes a Rusia de enviados de Junts y encuentros con enviados rusos incluso en la residencia oficial de Carles Puigdemont en Barcelona.
Documentación pendiente de revisar
Todo ello puede ser simplemente el anticipo de las pruebas por llegar. Porque, como explica el propio juez en uno de sus últimos autos, "la abundante documentación administrativa adjunta (decenas de miles de folios)" se encuentra aún sin "revisar". Y no sólo el caso Voloh puede convertirse en todo un extenso testimonio del grado de intromisión de Rusia en el separatismo catalán: la misma documentación remitida ya por el Grupo Parlamentario Popular en la UE ha recogido pruebas que avalan esa vinculación entre el separatismo y los planes desestabilizadores de la inteligencia rusa.
El texto remitido a la Eurocámara por el PP recoge pruebas que certifican que "las reuniones en Barcelona con asesores y colaboradores de Puigdemont, en las que participó, y los viajes posteriores a Moscú demuestran que varios líderes independentistas tuvieron la impresión de que se enfrentaban a una ‘maquinaria’, una ‘estructura de poder’ rusa, en sus palabras, que podría prometer montar un sistema financiero con criptomonedas, pagar la deuda catalana e incluso enviar soldados". Y la implicación rusa llegó a tal punto que, "en un momento, Puigdemont incluso pensó que podría mantener una videoconferencia con Putin".
La documentación remitida a la UE explica que, "de las comunicaciones interceptadas y, de hecho, del testimonio de varios sospechosos, se desprende que había una propuesta para llevar a cabo un plan que aseguraría la independencia de España con la ayuda de potencias extranjeras, en este caso Rusia". Las personas más directamente implicadas en la elaboración de este plan para atraer a Rusia fueron el partido Convergència, CDC, y sus sucesores, mientras que el otro socio de coalición en el Gobierno catalán, Esquerra Republicana, se mantuvo al margen", pese a tener conocimiento de los acercamientos de sus socios a Rusia.
El texto añade que "los independentistas investigados creían que estaban negociando ayuda para romper el marco constitucional y la unidad territorial de España". E incluso, las comunicaciones interceptadas revelan que había una impresión generalizada entre Puigdemont y sus asesores de que los rusos con los que se llevaban a cabo las negociaciones eran parte de la "maquinaria" de poder rusa.
El CP castiga la conspiración y la proposición delictiva
El documento del PP recuerda que el "Código Penal español prevé delitos consumados y tentativas de delito y, excepcionalmente, también se castigan la conspiración y la proposición delictiva. En el caso analizado existió un acuerdo o solicitud para perpetrar el delito" y, aunque no se llegase a cumplir [el apoyo prometido por Rusia], "la cuestión relevante es la seriedad del plan y el compromiso de llevarlo a cabo".
Efectivamente, el artículo 17 del Código Penal establece que "la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo".