La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se enfrenta este martes al examen del Parlamento Europeo para ocupar el cargo de comisaria de Competencia, con el foco puesto en su responsabilidad en los estragos que la DANA ha causado en España.
Durante tres horas, la candidata deberá responder a las preguntas de los comisarios de Asuntos Económicos y Monetarios; Medio Ambiente; Salud Pública y Seguridad Alimentaria e Industria, Investigación y Energía. Las cuestiones versarán sobre su capacidad para afrontar el cargo, pero se da por descontado que también tendrá que hacer frente a una polémica que ha traspasado fronteras y que, sin embargo, lleva evitando desde el pasado 29 de octubre.
A pesar de que de ella dependen tanto la AEMET como la Confederación Hidrográfica del Júcar, la ministra ha eludido dar explicaciones y realizar cualquier autocrítica, limitándose a señalar a Carlos Mazón el pasado viernes. La realidad, sin embargo, es que, tal y como ha quedado de manifiesto en los últimos días, son muchas las cosas que podía y debía haber hecho para evitar una tragedia que la pilló en Bruselas haciendo campaña para su nuevo cargo: desde numerosas obras proyectadas por los expertos y guardadas en un cajón, hasta llamadas que no llegaron o, si lo hicieron, llegaron tarde. Todo ello le ha valido, no en vano, una querella por prevaricación y omisión del deber de socorro.
La política con más competencias
A pesar de que lleva días desaparecida para evitar que una sobreexposición pueda afectar a su nombramiento, lo cierto es que Teresa Ribera es la máxima responsable del Ministerio de Transición Ecológica, a quien, según el Real Decreto 503/2024, de 21 de mayo, le corresponde "la gestión directa del dominio público hidráulico de las cuencas intercomunitarias".
De esta cartera depende, además, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, entre cuyas funciones se encuentra "la definición, propuesta y ejecución de las políticas del Ministerio en materia de agua y gestión del dominio público hidráulico". A su vez, dentro de esta, existe una Dirección General del Agua, que se encarga de la "realización, supervisión y control de estudios y proyectos y de infraestructuras hidráulicas competencia de la Dirección General, así como de su explotación".
Por si fuera poco, del MITECO dependen también tanto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como las distintas confederaciones hidrográficas, entre ellas, la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuya función es elaborar planes hidrológicos, proyectos y obras que sean necesarios, informes sobre crecidas y control de aguas.
Las previsiones de la AEMET y la CHJ
A primera hora del 29 de octubre, la AEMET decretó la alerta roja en numerosas zonas de Valencia. Sin embargo, pronosticó que esta solo duraría hasta las 18 horas. No fue hasta las 17:49 cuando prorrogó la alerta. Además, en su previsión más alta, contemplaba lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado, nada que ver con los 500 litros en 8 horas que se llegaron a registrar en algunos lugares. Curiosamente, un meteorólogo francés llamado Nahel Belgherze sí llegó a advertir ya antes de las 9 de la mañana de ese mismo día que se podrían superar los 400 litros.
Por lo que respecta a la Confederación Hidrográfica del Júcar, tal y como han reconocido tanto el Ministerio de Transición Ecológica como la Generalidad Valenciana, no fue hasta las 18:43 horas cuando avisó de que el caudal en el barranco del Poyo se había disparado hasta los 1.686 m3/s. El primer correo electrónico, entre las 11 y las 12 de la mañana, advertía de un caudal de 264 m3/s con una tendencia ascendente, indicando que la crecida estaba produciéndose de manera muy rápida. Sin embargo, hasta en tres ocasiones -la última sobre las 16 horas- se fue informando de que el caudal se había reducido progresivamente hasta los 28,70 m3/s.
Además, según el Gobierno de Carlos Mazón, cuando llegó el último mail, en el que las cifras ya eran preocupantes, se estaba desarrollando la reunión del CECOPI (Centro de Coordinación de Emergencias y Protección Civil), y "los representantes de la CHJ no hicieron ninguna advertencia del riesgo existente en la rambla del Poyo".
Ribera da señales a partir de las 20 horas
Más allá de los correos electrónicos, la primera llamada directa del Ministerio de Transición Ecológica no se produce hasta las 20 horas y no la realizó Teresa Ribera, sino el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien se puso en contacto desde Colombia con la consejera valenciana de Justicia, Salomé Pradas, para informarle de la posible rotura de la presa de Forata.
"No puedo asegurarle que pueda aguantar y hay un alto riesgo de que pueda romperse", fue el mensaje que le transmitió, según ha podido saber Libertad Digital. Fue entonces cuando se envió la alerta ciudadana, previa deliberación del CECOPI. El mensaje llegó a los dispositivos móviles de los valencianos a las 20:11, cuando muchos lugares ya estaban completamente inundados.
Según Ribera, a lo largo de la tarde, ella misma trató de ponerse en contacto sin éxito con Carlos Mazón. Sin embargo, según consta en la conversación de WhatsApp difundida por el presidente valenciano, el primer mensaje de la ministra -que se encontraba en Bruselas- no le llegó hasta las 20:20 horas. "Presidente, soy Teresa R. Estamos pendientes y preocupados. El presidente de la CHJ (la Confederación Hidrográfica del Júcar) está inquieto, pero manejando con máxima prudencia. Marlaska y Protección Civil, en ello. La Aemet, siguiendo la evolución. Dime cualquier cosa en que podamos ayudar", rezaba el mensaje.
Basta de manipulaciones.
— Carlos Mazón (@carlos_mazon_) November 8, 2024
Este SMS, a las 20:20h después de enviar la alerta y sin cobertura en el CECOPI.
Eso es lo que ocurrió. https://t.co/UYJ16JlPOa pic.twitter.com/VtX36bENTU
Las obras que nunca llegaron
Al margen de lo que se hizo aquel día, los expertos han puesto sobre la mesa numerosas obras que dependen del Ministerio de Transición Ecológica y/o de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que, a pesar de que hubieran contribuido a salvar muchas vidas, no se han llegado a ejecutar nunca. El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil y expresidente del Instituto de Ingenieros de España, José Trigueros, apunta, para empezar, a la presa de Cheste, incluida en el Plan Hidrológico Nacional que José Luis Rodríguez Zapatero se cargó en 2004.
Al margen del Trasvase del Ebro, dicho plan contemplaba otra serie de actuaciones que podían y debían haberse retomado, y esta es una de ellas. "Si esa presa, que además estaba contemplada también para evitar inundaciones, hubiera estado construida no digo que no hubiera habido algunas inundaciones, pero desde luego creo que los muertos no hubieran sido los que han sido ahora", denunciaba Trigueros el lunes en Es la Mañana de esRadio.
La presa estaba llamada a evitar las riadas en hasta 16 ayuntamientos valencianos; Alaquàs, Aldaia, Catarroja, Cheste, Xirivella, Godelleta, Massanassa, Paiporta, Picanya, Ribarroja, Torrent, Quart de Poblet, Loriguilla, Mislata y Valencia; zonas que en su mayoría se encuentran entre las más afectadas por las lluvias torrenciales de la DANA.
No es el único proyecto paralizado. En una entrevista concedida a La Trinchera de esRadio Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica y presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua, desveló hace días que existe un plan de infraestructuras desde el año 2007 que, sin embargo, no se ha llevado a cabo. Dicho plan se hizo precisamente "en colaboración con la Confederación del Júcar" y contemplaba varias actuaciones: "Una reforestación en la parte alta de la cuenca con micro presas y, en la zona inundable, conducir una forma ordenada hasta un cierto nivel de protección los caudales, desde las desapariciones de Pozalet y Poyo hasta, por un lado, el nuevo cauce del Turia y, por otro lado, hasta el encauzamiento actual que hay en Paiporta, que es donde se ha generado el mayor problema".
Este mismo experto reconocía en otra entrevista que lo sucedido era, por tanto, "un desastre anunciado" e insistía: "He hecho ya en esta vida 10 modelos hidrológicos del barranco del Poyo, lo cual significa que es un caso de estudio paradigmático. Y hay solución".
Las medidas que no se han adoptado
Al margen de las obras, tampoco se han adoptado otras medidas identificadas como prioritarias y anunciadas por el propio Ministerio de Transición Ecológica como pioneras. A finales de 2022, el Consejo Nacional del Agua, cuya presidenta es Teresa Ribera, dio el visto bueno a los planes de gestión del riesgo de inundación y calificó como "una de las medidas más importantes" la elaboración de una Estrategia Nacional de Comunicación "para mejorar la conciencia pública ante las inundaciones, la percepción del riesgo y la adopción de medidas de autoprotección".
Según presume el Ministerio de Transición Ecológica en su página web, "hasta ahora, no existe en España ningún documento que reconozca las debilidades existentes en la comunicación del riesgo de inundación y proponga medidas concretas para su mejora, por lo que el desarrollo de esta estrategia es algo pionero". La realidad, sin embargo, es que esta estrategia no ha llegado a ejecutar nunca.
Lo mismo ha sucedido con las medidas incluidas el Plan de Gestión del Riesgo de la Inundación, II Ciclo (2022-2027). Allí se habla, entre otras cosas, de evaluar las lecciones aprendidas o de mejorar los sistemas de alerta, algo que, desgraciadamente, tampoco se ha hecho. Curiosamente, se apunta a la necesidad de impulsar la Red de Alerta Nacional, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, sin perjuicio de las competencias de las CCAA.
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