ERC, consciente de la debilidad de Pedro Sánchez ha elevado más la apuesta: quiere un ataque aún mayor a la propiedad privada y un bloqueo pleno contra los desahucios.
No se trata de palabras. El texto y la petición han sido plasmados por escrito y trasladados oficialmente al Congreso de los Diputados.
Allí se aclara que exigen que se haga "posible una regulación efectiva del derecho a la vivienda aceptando que las comunidades autónomas con competencias en materia de vivienda y derecho civil propio puedan legislar y regular íntegramente en materia de arrendamientos urbanos".
También se reclama al Gobierno "garantizar la aplicación efectiva de las medidas de contención de precios de alquiler extendiendo su aplicación a todos los contratos de arrendamiento de temporada y de habitaciones".
Pero, sobre todo, se pide "revisar y reforzar la protección contra los desahucios asegurando que ninguna familia sea desahuciada sin disponer de una alternativa habitacional estable, adecuada y suficiente, en cumplimiento de las directrices de los tribunales europeos". Y eso implica un aumento aún mayor del bloqueo de los desahucios.
Políticas del Estado insuficientes o inexistentes
ERC pide más: "Establecer la dación en pago obligatoria como derecho para las personas y familias que no puedan hacer frente al pago de su hipoteca, garantizando que con la devolución de la vivienda a la entidad bancaria quede extinguida la deuda total, incluyendo intereses y costes asociados. Esta medida tiene que asegurar que ninguna persona o familia se vea condenada a una doble penalización por la imposibilidad de mantener su vivienda, promoviendo a la vez mecanismos de renegociación con entidades financieras para evitar desahucios innecesarios".
Por último, los separatistas exigen poder "traspasar inmediatamente y a título gratuito todos los inmuebles de la SAREB y de cualquier otra entidad del sector público estatal a las administraciones competentes en materia de vivienda, junto con la financiación suficiente para que estos puedan ser destinados a incrementar el parque público de alquiler".
Todo ello, ERC lo justifica asegurando que "el derecho a la vivienda es uno de los pilares esenciales del estado del bienestar y un principio rector recogido en el ordenamiento jurídico". Y que "a pesar de esta consideración, la realidad demuestra que las políticas públicas para garantizar este derecho han sido insuficientes o inexistentes por parte de las instituciones del Estado".
Acceso a la vivienda deteriorado
La realidad es un tanto distinta. Y es que, precisamente por culpa de sus políticas negociadas con el PSOE el acceso a la vivienda se ha deteriorado como nunca, el número de viviendas en alquiler ha caído más de un 30% y los precios, lógicamente, se han disparado.
Pero ERC prefiere culpar a los tribunales: "Este hecho se ha visto agravado por las actuaciones de los altos tribunales, que han impedido reiteradamente la acción legislativa de las administraciones catalanas para intervenir en el mercado de la vivienda. Todo esto ha perpetuado y agravado la expansión de modelos especulativos que, por beneficio de fondos de inversión internacionales, impiden el acceso de centenares de miles de personas a una necesidad básica como la vivienda", señala ERC.