Este giro en la investigación ha levantado una gran preocupación, ya que se interpreta como un intento de eludir el rastreo de comunicaciones clave en un caso que involucra directamente a una de las figuras políticas más influyentes de la derecha española. El cambio de teléfono, realizado en un momento especialmente delicado para García Ortiz, coincide con el inicio del proceso judicial en su contra, lo que ha generado suspicacias sobre sus posibles intentos de ocultar información.
La revelación de que el fiscal general haya cambiado de dispositivo móvil justo después de ser imputado por el Tribunal Supremo es vista por algunos sectores como una maniobra de distracción o, incluso, como un intento de obstaculizar la labor judicial. Este hecho ha reavivado el debate sobre la independencia del poder judicial y la posible utilización de la Fiscalía General del Estado con fines políticos, una preocupación que se ha agudizado en los últimos tiempos con la creciente polarización de la política española.
Desde el Partido Popular (PP) han exigido una explicación urgente al fiscal general, subrayando que su actuación podría estar afectando la transparencia y la imparcialidad de las investigaciones. "Este cambio de teléfono no hace más que generar dudas sobre la actuación de la Fiscalía en un caso que involucra directamente a personas cercanas al Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha declarado un portavoz del PP.
El caso, que ya ha dejado entrever posibles irregularidades por parte de altos funcionarios del Estado, sigue generando polémica, mientras la figura de García Ortiz se ve cada vez más cuestionada. En este contexto, la derecha pide un esclarecimiento total sobre la razón detrás del cambio de teléfono y sobre las posibles implicaciones de este hecho en el desarrollo de la investigación.