Primero la excusa fue un supuesto protocolo obligatorio de la Fiscalía que los propios fiscales se encargaron de aclarar que no existía, después fue por razones de seguridad que nadie ha podido entender bien, pero finalmente el equipo de opinión sincronizada del Gobierno ha llegado a la conclusión de que Álvaro García Ortiz hizo muy bien en borrar el contenido de sus teléfonos móviles en el marco de la investigación que está llevando a cabo el Tribunal Supremo contra el fiscal general porque sí, porque era lo que tenía que hacer.
Así lo han explicado este jueves dos figuras destacadas de las tertulias más a la izquierda: el director general de Prisa, José Miguel Contreras, y el director de El Diario, Ignacio Escolar, este jueves en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER.
"Hay quién se escandaliza porque el fiscal general borre su móvil", ha explicado Escolar hablando de las filtraciones de datos del sumario, "¡hombre claro! –ha exclamado– es que es su obligación en el sentido de que en ese móvil hay mucha información relevante" ha dicho "y es su obligación proteger esa información".
El testigo lo ha recogido la presentadora y directora del programa, Ángels Barceló, que ha recalcado lo malo que fue ya el registro en el despacho del fiscal general, pero que encima "ahora estamos hablando de diez meses de seguimiento de su vida –"así, impunemente", ha apuntado Escolar– ordenado por un juez del Supremo".
Acto seguido, ha sido José Miguel Contreras el que ha redondeado la idea de lo bueno que es que el fiscal borrase pruebas un caso: "Visto lo visto, todavía con más justificación creo que hizo extraordinariamente bien en borrar absolutamente todo", decía, mientras el director de El Diario apoyaba con entusiasmo: "¡Claro!".
La sorprendente razón que justificaría a Álvaro García Ortiz es que "sabía lo que iba a ocurrir" y lo sabía "porque esto forma parte de un contexto general que es lo que al final conviene que todos tengamos en la cabeza", decía Contreras que despreciaba a partir de ese momento la importancia del delito presuntamente cometido por el fiscal y aseguraba que "estamos hablando de un proceso que, evidentemente, forma parte de una clarísima campaña de judicialización de la vida política que va más allá del simple hecho de la intervención puntual en un caso concreto", explicaba el directivo de Prisa que denunciaba a partir de ahí "la ocupación del poder judicial por parte de la derecha" que está "llegando a unos límites que nunca habíamos conocido" y que "con tal de acabar con este Gobierno, con tal de acabar con la situación del país se están dando pasos extraordinariamente graves", remataba.