Fuentes conocedoras de las reuniones de la cloaca del PSOE han confirmado a Libertad Digital que "la ofensiva era contra el teniente coronel Balas de la UCO… Y contra el juez Peinado". "Hubo una primera fase de ofensiva contra el juez Peinado. De ahí surgieron las informaciones falsas sobre el magistrado". Las mismas fuentes señalan que "el objetivo es acabar con las causas que cercan a Sánchez. No es otro".
Lo cierto es que el propio PSOE llegó a utilizar al excomisario de la Policía Nacional procesado en la Audiencia Nacional, Marcelino Martín-Blas, para introducir en el Congreso de los Diputados dosieres de Ferraz contra líderes políticos, medios de comunicación, jueces y fiscales, tal y como publicó El Confidencial hace cinco meses. El funcionario entregó los documentos en la Cámara Baja tras comparecer el 12 de noviembre de 2024, a petición del PSOE y los partidos independentistas, en la Comisión de Investigación sobre la supuesta operación Cataluña.
Fontaneros
Y, en medio de todo ello, ya estaba operativa la cloaca del PSOE.
Las últimas informaciones han señalado a una de las integrantes de esta cloaca: a Leire Díez, uno de los "fontaneros" del PSOE bajo mando de Santos Cerdán, tal y como los calificó Víctor de Aldama, que han mantenido contactos con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por una trama de hidrocarburos. Leire Díez, de hecho, le ofreció un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía a cambio de información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien actualmente es el máximo responsable de las investigaciones de todas las causas abiertas contra el entorno de Pedro Sánchez, desde su hermano a su mujer, pasando por el fiscal general del Estado o el caso Koldo.
Leire Díez se reunió por videoconferencia con el empresario Hamlyn, entre otros. En esa reunión, la mano derecha de Santos Cerdán reconoció que su objetivo era acabar con la "Camorra de la Guardia Civil" y que su gran prioridad era el teniente coronel "Balas". "Necesito a Balas. Desmontando ese ya no está dicho el pueblo, que se desmontan otras muchas cosas. ¿Vale? No hará falta que te diga más", dijo.
Hamlyn aseguró que tenía información sensible sobre el mando de la Guardia Civil que podría interesar al PSOE pero quería saber qué obtendría a cambio ya que estaba condenado a 50 años de prisión por la trama de hidrocarburos. Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, que está procesado por fraude en las subvenciones públicas y que también estaba presente en la videollamada, le prometieron que intercederían ante las partes que impulsan su procedimiento en la Audiencia Nacional para allanar su futuro. "¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía", propuso Pérez Dolset.
Pero la unidad del Gobierno de divulgación de "mierda" -como ya le llaman en círculos policiales- lleva tiempo funcionando. Fuentes consultadas por Libertad Digital confirman que hace tiempo que "no sólo guardias civiles" han sido analizados e investigados y que "de hecho, ha habido ya movimientos para sacar del tablero a determinados jueces, policías o periodistas".
Y uno de los jueces más odiados por esta cloaca "ha sido desde el inicio el juez Peinado. Fue el primero que puso en jaque con sus diligencias al entorno más próximo al presidente del Gobierno. Y el objeto de protección es Sánchez por encima de cualquier otro", añaden las citadas fuentes.
En la Policía y la Guardia Civil no han sorprendido estas noticias. "La búsqueda de ‘mierda’ del Gobierno no se ha limitado a jueces y periodistas.
Ha habido informes que han afectado igualmente a policías incómodos por las investigaciones realizadas. Y no ha sido extraño ver desplazamientos de mandos a destinos inexplicables, simplemente con el fin de apartarlos de materias sensibles", añade la misma fuente. "¿Qué pasó con el teniente coronel Baena de la Guardia Civil?", recuerda uno de ellos. Se trata del responsable de la Guardia Civil de la investigación de los lazos entre Puigdemont y la Rusia de Putin, que fue apartado ya en 2021 por las quejas del separatismo.