Tenemos sobre la mesa una nueva contradicción del Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha emitido una instrucción que impide sancionar a quienes consuman drogas en un coche privado estacionado, el Ministerio de Sanidad de Mónica García ultima una nueva Ley Antitabaco que prohibirá fumar incluso en vehículos laborales, como camiones o furgonetas de reparto.
El contraste entre ambas medidas ha generado una fuerte polémica, tanto en el ámbito político como entre los sindicatos policiales. Según Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, el consumo de estupefacientes en un coche particular detenido no debe ser sancionado siempre que no exista intención de venta, ya que se considera un "espacio privado".
En cambio, la reforma de la Ley Antitabaco impulsada por la ministra Mónica García pretende extender las restricciones al tabaco en terrazas, campus universitarios, patios escolares, instalaciones deportivas y también en vehículos con uso laboral, incluso si el conductor está solo.
Cocaína
Todo ello se traduce en que una persona podrá consumir cocaína dentro de su coche aparcado, pero un camionero o un repartidor no podrán fumar un cigarro en su vehículo durante su jornada laboral.
La medida de Interior ha sido duramente criticada por los sindicatos policiales. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) la tacha de "irresponsabilidad" y advierte que debilita la labor preventiva de los agentes. Por su parte, Jupol considera que aunque un vehículo esté detenido, su ubicación en la vía pública influirá en el consumo de drogas e incrementará la conducción bajo sus efectos.
La ley prohíbe claramente conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, pero no contempla sanciones si el consumo ocurre antes, con el coche detenido. La nueva interpretación deja huecos legales y genera dudas sobre los riesgos para la seguridad vial. Por ello, se acusa a Marlaska de tener una postura permisiva hacia las drogas.
En definitiva, este contraste normativo alimenta la sensación de que el Ejecutivo actúa con una doble vara de medir, penalizando con severidad el tabaco mientras mira para otro lado con el consumo de sustancias mucho más peligrosas para la salud y la seguridad pública.