La concesión del título de ‘Guardia Civil Honoraria’ a María Gámez ha generado un profundo enfado en la Benemérita. Se trata de la tercera distinción que recibe la exdirectora general desde que dimitiera en marzo de 2023, una dimisión provocada por la imputación de su marido en un caso de corrupción, causa que fue posteriormente archivada.
Además de este último reconocimiento —publicado en el Boletín Oficial de la Guardia Civil el pasado 29 de abril— Gámez fue distinguida en 2023 con la Medalla al Mérito de la Guardia Civil con distintivo de plata y, en 2024, con la Gran Cruz de la Orden del Mérito del Instituto Armado, el mayor galardón que puede recibir un miembro del Cuerpo. Todo ello con el beneplácito del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
"Profunda indignación"
De nuevo, Marlaska ha puesto en pie de guerra a la Guardia Civil con esta condecoración a María Gámez. "Manifestamos nuestra más profunda indignación ante la reciente condecoración otorgada a María Gámez, quien durante su etapa como directora general de la Guardia Civil no quiso asumir ni abordar con decisión las necesidades profesionales, sociales y económicas de los guardias civiles", apuntan desde AUGC a Libertad Digital.
Y es que, el nombramiento como Guardia Civil Honoraria se justifica "en atención a los méritos extraordinarios y circunstancias que concurren en la interesada", según recoge la resolución firmada por la actual directora general, Mercedes González. Sin embargo, la trayectoria de Gámez al frente de la Benemérita estuvo marcada por varias polémicas, siendo la más notoria el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Desde la asociación de guardia civiles critican que "la trayectoria de Gámez como directora general estuvo marcada por una gestión claramente politizada, decisiones judicialmente cuestionadas y una notable falta de diálogo con las asociaciones profesionales".
Concretamente, en mayo de 2020, la entonces directora general ordenó su destitución tras negarse el coronel a informar al Ministerio del Interior sobre una investigación judicial relacionada con el Gobierno. La Audiencia Nacional, primero, y el Tribunal Supremo, después, declararon ilegal dicha decisión por haber vulnerado el principio de independencia de la Policía Judicial. Por este motivo, y muchos otros, desde AUGC consideran "inaceptable que se premie a quien, pese a las constantes denuncias y propuestas presentadas por nuestra organización, se limitó a aplicar políticas continuistas, ignorando demandas fundamentales como la jornada laboral digna, la equiparación salarial, la implantación de las zonas de especial singularidad o la aplicación índices correctores para la jubilación de los agentes".
Caso cuarteles
A lo largo de su mandato también surgieron otros episodios controvertidos como el caso Cuarteles, en el que se investigan comisiones ilegales por reformas en acuartelamientos, o su aparición en el sumario del caso Koldo, donde un informe de la UCO apuntó a un posible trato de favor hacia ella y su hija en el acceso a pruebas diagnósticas durante la pandemia.
En este contexto, la concesión de condecoraciones ha levantado suspicacias internas por lo que muchas voces dentro del Cuerpo consideran una forma de blanquear una gestión repleta de sombras. Desde la asociación creen que esta condecoración a Gámez "lanza un mensaje profundamente equivocado a la Guardia Civil. En lugar de reforzar la profesionalidad, este tipo de decisiones agravan el descrédito interno y aumentan la desafección entre los integrantes del Cuerpo".
En cambio, desde el Ministerio del Interior se ha defendido en varias ocasiones la labor de Gámez. El propio ministro Marlaska llegó a describirla como "la mejor directora en los 178 años de historia de la Guardia Civil", elogiando su dimisión como una muestra de ejemplaridad.
La fractura entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el sentir de los guadias civiles es muy notable. Y es que para AUGC "los criterios para otorgar distinciones dentro del Instituto Armado deberían basarse en la trayectoria profesional intachable, la defensa de los valores constitucionales, la mejora real de las condiciones laborales y profesionales de los guardias civiles, y un compromiso firme con la institución. Premiar gestiones cuestionadas solo contribuye a socavar la moral de quienes cada día arriesgan su vida por la seguridad de todos", concluyen desde la asociación.