Mientras Pedro Sánchez intenta establecer un cortafuegos en Ábalos y Cerdán para evitar que la responsabilidad en la trama corrupta siga escalando, el PNV trata de hacer exactamente lo mismo con el PSOE. Sin embargo, en el País Vasco y Navarra son perfectamente conscientes de los numerosos vínculos que los hoy imputados mantienen con los nacionalistas vascos y, en especial, con Antxon Alonso, el empresario que habría servido de enlace entre unos y otros de cara a las negociaciones para la moción de censura de Mariano Rajoy.
Los vínculos del dueño de Servinabar con los nacionalistas se perciben, para empezar, tanto en los abogados elegidos por Antxon Alonso, como en las sociedades relacionadas o directamente lideradas por el mencionado empresario. Y eso sin olvidar que las primeras obras presuntamente amañadas en Navarra se adjudicaron con Geroa Bai en el poder, filial del PNV en dicha comunidad.
El abogado de Antxon
Ya hace semanas, las actas judiciales de los registros llevados a cabo por la UCO tanto en la casa de Alonso, como en las oficinas de Servinabar revelaron que el letrado que le asistió fue Martín Zudaire Polo, un abogado vinculado históricamente al PNV.
No en vano, antes de dedicarse exclusivamente al Derecho, Zudaire fue en las listas de los nacionalistas vascos en dos elecciones: los comicios al Ayuntamiento de Pamplona de 1979 y las elecciones autonómicas de Navarra de 1983.
Adjudicaciones a Servinabar
Por otro lado, y a pesar del evidente papel que el Gobierno de María Chivite habría jugado en el enriquecimiento de la trama, no hay que olvidar que las primeras grandes adjudicaciones se produjeron con Uxue Barkos en el poder. Cuando Geoalcali encargó la construcción de Mina Muga por valor de 56,9 millones de euros a Acciona —que, casualmente, acababa de formar una UTE con Servinabar— era Geroa Bai el partido que lideraba el Ejecutivo autonómico.
Después llegarían las obras del Navarra Arena (3,7 millones de euros), el Archivo de Navarra (2 millones) o las 62 viviendas VPO de Ripagaina (6,8 millones). Todas ellas adjudicadas a la misma alianza empresarial. Cuando Chivite llegó después a la presidencia, lo hizo con Geroa Bai como socio preferente y la mencionada UTE siguió beneficiándose de jugosas adjudicaciones.
Entre ellas, destaca la del túnel de Belate, pero también otras que dependían directamente de los nacionalistas, como la construcción de 46 VPO en el polígono 5 de Pamplona por valor de cerca de 8 millones de euros, ya que, entre 2019 y 2023, la socialista confió la consejería de Vivienda a José María Aierdi, procedente de Eusko Alkartasuna.
Alegure SL
Además, la UTE formada por Acciona y Servinabar no fue la única bendecida con obras presuntamente amañadas. En el foco de los investigadores se encuentra también la construcción de un colegio en Arbizu encargada en 2018 a la UTE de Acciona con otra sociedad de Antxon Alonso llamada Alegure SL por 2,6 millones de euros.
Según el Registro Mercantil, el 4% de esta empresa pertenece a una constructora de Iñaki Alzaga, un industrial al que el PNV colocó en el Consejo de Administración de Euskaltel y que, además, preside Nortegas y el Grupo Noticias, responsable del diario Deia, así como del Diario de Noticias de Navarra y Noticias de Guizpuzcoa, medios todos ellos vinculados a los nacionalistas.
Alzaga y Zalbidegoitia
Por si fuera poco, Alzaga también estaría vinculado junto al histórico tesorero del PNV José María Zalbidegoitia a otra empresa que, según ha descubierto la UCO, realizó dos sospechosos pagos por valor de 12.100 euros a la cooperativa de Antxon Alonso y Koldo García, Noran Coop, justo antes de las primarias del PSOE de 2017 y de la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018.
Se trata de Talde, una sociedad de capital riesgo que se dedica a apoyar a pymes industriales del País Vasco y que, hasta el pasado mes de febrero, tenía como consejero delegado, precisamente, al mencionado Zalbidegoitia, tesorero de los nacionalistas con Xabier Arzalluz, Josu Jon Imaz e Iñigo Urkullu.
De acuerdo con la información publicada por El Español, Talde realizó dos pagos de 6.050 euros a Noran: el primero de ellos, en marzo de 2017, cuando Cerdán manejaba también las finanzas de la candidatura de Pedro Sánchez en la campaña de las primarias del PSOE que dieron la victoria a Pedro Sánchez; el segundo, justo antes de la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018, que permitió que el secretario general de los socialistas aterrizara en Moncloa.