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El Gobierno paga con dinero público los billetes de avión de los 49 españoles de la flotilla

Hace menos de un año que el Gobierno negó pagar la repatriación de una española en coma que había sufrido un grave accidente de moto en Tailandia.

Hace menos de un año que el Gobierno negó pagar la repatriación de una española en coma que había sufrido un grave accidente de moto en Tailandia.
EFE

El Ejecutivo ha decidido pagar los billetes de avión de los 49 españoles que regresarán a España entre el pasado domingo y este lunes procedentes de Israel después de haberse aventurado a introducirse en aguas controladas por el Gobierno de Benjamín Netanyahu a bordo de la Global Sumud Flotilla. A pesar de que todos los integrantes de la embarcación pro-Hamás habían sido advertidos de lo que pasaría si cruzaban las aguas que controla Israel para llegar a la Franja de Gaza, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha hecho cargo de los gastos de repatriación.

Según ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, este lunes en una entrevista ofrecida a Catalunya Ràdio, el erario público español no sólo se hará cargo de los gastos de repatriación de los 21 españoles que ya han llegado a España el pasado domingo, sino que los otros 28 —tres de ellos rehusaban ser repatriados como símbolo de protesta contra Israel— también llegarán a España este lunes con gastos pagados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Este domingo, su Ministerio ya informaba de que había realizado las gestiones de adquisición de los billetes justificando que era un proceso habitual para "agilizar" el regreso de los españoles cuya embarcación había sido intervenida por el ejército israelí y llevada a puerto. Allí, los pasajeros de la flotilla fueron retenidos y puestos a disposición de sus gobiernos de origen para la repatriación.

Además, el Ejecutivo abrió dos líneas telefónicas para atender a familiares y representantes de las familias, en Madrid (Unidad de Emergencia Consular) y Tel Aviv (Consulado) que han estado operativas "en todo momento". Todo ello, con el objetivo de ofrecer información sobre la integridad de los pasajeros, que han llegado a España con evidentes síntomas de buena salud pero denunciando humillaciones y vejaciones por parte del ejército israelí.

Una española mordió a una israelí

La propia exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha denunciado este "maltrato y trato denigrante" a su llegada a la ciudad condal. Por su parte, la influencer Ana Alcalde conocida como Barbie Gaza ha explicado a su llegada a Barajas que la "humillaron" quitándole la kufiya —pañuelo palestino— y que los soldados se hicieron fotos con ella porque, según han dicho, era conocida por el ejército de Israel.

Sin embargo, estas vejaciones han sido negadas por el Estado de Israel, que ha comunicado un incidente ocurrido en la prisión en el que una española mordió a un miembro del personal médico. "Una ciudadana española, participante en la provocación de (la flotilla) Hamas-Sumud, mordió a un miembro del personal médico esta tarde en la prisión de Ketziot" ha explicado este domingo el Ministerio de Exteriores de Netanyahu en un comunicado difundido en la red social X.

La nota explica que la empleada estaba escoltando de regreso del examen médico rutinario a la activista como parte de su preparación para la deportación de este lunes y que la sanitaria sufrió "heridas leves y recibió tratamiento local", por lo que la policía tuvo que ser llamada con el objetivo de controlar a la atacante.

No pagó la repatriación de una chica accidentada

La repatriación inmediata y pagada por parte del erario público español desliza cierta hipocresía por parte del Ministerio de Exteriores, que no sufragó la vuelta a España de una joven valenciana que había sufrido un accidente de moto en Tailandia en octubre de 2024. La joven, caída en coma a causa del accidente, necesitaba de un avión medicalizado cuyo coste alcanzaba alrededor de 250.000 euros. Para obtenerlos, la familia abrió un crowdfunding con el que finalmente consiguió algo más de 300.000 euros, de los que tuvo que pagar a Hacienda 135.000 euros por el impuesto de sucesiones y donaciones.

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