La ministra de Sanidad, Mónica García, encadena conflictos y suma un nuevo frente de protesta. Apenas unos días después de la huelga nacional de médicos del pasado viernes, ahora son los veterinarios quienes se rebelan. Si los sindicatos médicos protestan por lo que consideran una gestión vergonzosa, los veterinarios también saldrán a la calle para protestar por "la falta de respuesta" de Sanidad y de Agricultura a sus reivindicaciones sobre la prescripción y dispensación de medicamentos.
La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) ha comunicado a sus socios un calendario de protestas que se extenderá hasta final de año, con cuatro manifestaciones ante el Ministerio de Sanidad y el Congreso de los Diputados.
Afirman que, tras diferentes contactos las últimas semanas con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han constatado que "no hay interés" de dar respuesta a las reivindicaciones del sector en relación con la prescripción y dispensación de medicamentos. Según su presidente, Sebastià Rotger, el Gobierno "no tiene ningún interés en moverse".
Calendario de protestas
CEVE ha anunciado que va a tomar la iniciativa el último trimestre del año con nuevas movilizaciones con el objetivo de "mantener la presión política y social en un momento clave", empezando por una cacerolada el 22 de octubre ante la Dirección General de Sanidad en Madrid reclamando la derogación del Real Decreto 666/2023 (la norma que reduce la dispensación de antibióticos).
Posteriormente, el 9 de noviembre la asociación VetWarriors organizará en Barcelona una gran clínica al aire libre con la asistencia de veterinarios de toda España para "alertar de los riesgos que la normativa supone para la salud animal, humana y ambiental".
El 19 de noviembre, CEVE convocará una segunda cacerolada ante el Ministerio de Sanidad "por la dispensación veterinaria con garantía sanitaria". Finalmente, ya en diciembre la patronal veterinaria organizará una pitada ante las puertas del Congreso de los Diputados bajo el lema: Mismo trabajo, mismos derechos. Somos europeos.
Recuperar la libertad de prescripción
El conflicto se centra en la aplicación del Real Decreto 666/2023, que restringe la libertad de los veterinarios para prescribir y dispensar medicamentos directamente en sus clínicas, una práctica habitual en la mayoría de países europeos.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por CEVE busca revertir esta situación y "recuperar la libertad de prescripción", permitiendo que los profesionales puedan entregar los medicamentos en sus propios centros, sin depender de trámites externos ni intermediarios.
"Queremos lo mismo que en el resto de Europa. Que los veterinarios puedan trabajar con autonomía y responsabilidad profesional. En España se ha limitado de forma única e injustificada", denuncia Rotger.
Atrapados entre ministerios
Los veterinarios en España dependen administrativamente del Ministerio de Agricultura, una anomalía que no se da en la mayoría de países europeos, donde su labor se reconoce plenamente como profesión sanitaria bajo el paraguas del Ministerio de Sanidad, en línea con el principio One Health (la salud humana y la animal están conectadas).
Esa situación provoca que las políticas que afectan a los veterinarios se traten desde una óptica agraria o ganadera, dejando en segundo plano su papel en la salud pública, la seguridad alimentaria y el control de zoonosis —enfermedades que se transmiten de animales a humanos—. Por eso, una de las reivindicaciones históricas del sector es pasar a depender orgánicamente del Ministerio de Sanidad.