El Tribunal de Cuentas presidido por Enriqueta Chicano lleva tiempo en el punto de mira por su falta de diligencia a la hora de fiscalizar al PSOE, ahora que se ha conocido la existencia de una Caja B. Una dejación que se extiende a su obligación de atender las peticiones que llegan del Congreso de los Diputados, especialmente cuando afectan al Gobierno y sus socios, según la información a la que ha podido acceder en exclusiva Libertad Digital.
Desde hace más de un año, Chicano mantiene bloqueadas seis peticiones formuladas por el Partido Popular, y que han sido aprobadas en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas que, curiosamente, afectan al Gobierno, el PNV y Bildu. La más antigua data del 17 de septiembre de 2023, cuando se aprobó fiscalizar al CIS desde el año 2018 al 2023, sin que haya habido todavía respuesta.
"El asunto está en marcha, ¿cuándo estará? no se lo puedo decir", fue la escueta respuesta que dio la presidenta del Tribunal de Cuentas el pasado 7 de octubre cuando la diputada popular, Pilar Alía, le preguntó en comisión por esa petición. Una práctica que calificó como "el congelador" de Chicano, haciendo un símil con el de Francina Armengol, que guarda en un cajón todas las iniciativas perjudiciales para el Gobierno, por lo que Feijóo anunció una querella y un recurso en el TC.
Sobre las otras cinco peticiones, Chicano no aportó ningún dato ni mostró interés alguno para agilizar los informes requeridos por el Congreso. Entre ellos, la investigación de las cuentas y contrataciones del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas desde 2018 hasta 2024, y que fue aprobada el pasado 20 de marzo.
Sin noticias del caso Ábalos
En mayo de este año, el Congreso ordenó fiscalizar las contrataciones de personal de 2018 a 2024 de las sociedades Tragsa, Tragsatec, Ineco y Emfesa por el caso de José Luis Ábalos, que habría contratado a varias prostitutas en esos organismos para que percibieran un sueldo público sin ni siquiera ir a trabajar. Un asunto de gran importancia que perjudica al Gobierno, y que Chicano no parece dispuesta a investigar.
Tampoco lo relativo al Palacete de París, antigua sede del Instituto Cervantes, que se le entregó al PNV, y cuyo informe de fiscalización se solicitó también el pasado mes de mayo. Fue un asunto especialmente polémico porque se trataba de entregar un bien estatal a uno de los socios de Pedro Sánchez en claro pago por su apoyo.
El pasado mes de octubre, la Comisión del Tribunal de Cuentas validó también la petición del PP para fiscalizar los adelantos de subvenciones percibidas por Bildu como ingresos en las elecciones locales del año 2023. Un cobro que se produjo pese a incluir etarras en las listas electorales. El PP exige que se reclame ese dinero, sin que de momento el organismo presidido por Chicano haya hecho nada.
Por último, el pasado mes de junio, el PP solicitó análisis y justificación sobre el momento de devengo de la subvención correspondiente también a Bildu por las elecciones celebradas en el año 2023; petición que sigue a día de hoy sin ser atendida y de la que no han podido obtener información alguna.
Enriqueta Chicano tuvo que pasar esta semana por la Comisión Koldo del Senado, después de que Libertad Digital informara de que Santos Cerdán fue la persona que la propuso para su actual cargo. Una mediación que cobra ahora más sentido que nunca, y que genera dudas sobre la actuación de este organismo para todo lo relacionado con el PSOE. Su designación se produjo por acuerdo de los socialistas con el PP de Pablo Casado.