La Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda, ha deslizado en su informe una denuncia muy delicada. Y es que las adjudicaciones de contratos públicos por valor de 10,6 millones de euros a las empresas de Juan Carlos Barrabés, el amigo de Begoña Gómez que recibió dos cartas de recomendación para concursos públicos de manos de la mujer del presidente del Gobierno, no solo se basaron en procedimientos que "incumplieron la legislación", sino que, además, cuando la Intervención quiso corroborar lo ocurrido sucedieron dos cosas: que los metadatos de las operaciones estaban borrados y que solicitaron esos datos personalmente, y la empresa concesionaria –RED.ES– se negó a facilitarlos. Lo primero se sabía, lo segundo, que avala la intención de la ocultación, se descubre ahora.
"Los informes técnicos, firmados por el Director de Economía Digital de RED.ES, con base en los cuales la Mesa efectuó la valoración de los criterios no evaluables mediante fórmula fueron elaborados partiendo de documentos previos en cuyo encabezamiento figura el nombre de determinados empleados de la entidad que dependían jerárquicamente de dicho director", señala el informe de la Intervención en una más de las ilegalidades descubiertas en esas concesiones de contratos públicos.
Pero su denuncia va a más: "En contestación a una petición de información, RED.ES ha indicado que la operativa de la entidad no contempla la designación expresa de los técnicos que valoran las ofertas y elaboran los correspondientes informes", señala el informe del interventor. "En opinión del funcionario que suscribe este informe, eso constituye una omisión que, junto con la mala práctica de que los informes de valoración son firmados por una sola persona, aumenta el riesgo de que las valoraciones no sean ecuánimes", concluye el interventor en cuestión.
Metadatos borrados y documentos sin firma
El informe da más datos que ya habían levantado la polémica: "En los encabezamientos de los documentos previos figura el nombre del técnico que aparentemente los elaboró. Dichos documentos previos carecen de firma y sus metadatos han sido borrados, por lo que no se dispone de evidencia de que hayan sido realmente elaborados por las personas que figuran en dichos encabezamientos, ni su contenido ni las puntuaciones que figuran en los mismos respondan a la opinión de los mencionados técnicos que habrían sido quienes examinaron las ofertas, asignando a cada oferta las puntuaciones que consideraron adecuadas, que no coinciden en determinados casos con las que figuran en el informe de valoración que se presentó a la Mesa de Contratación".
Y es que "algunos de dichos documentos en los que no han sido borrados los metadatos parecen haber sido modificados en fechas posteriores a la emisión de los informes técnicos y a la reunión de la Mesa de Contratación en la que se efectuó la valoración de las ofertas. En uno de ellos, figura una anotación de la que parece deducirse que la valoradora recibió una instrucción de bajar la puntuación a un licitador, sin que figure el motivo", denuncia también el interventor.