Pese a la advertencia directa de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, este miércoles durante la sesión de control, desde Moncloa se minimiza la tensión y se caricaturiza el ultimátum como un simple "juego de palabras" sin consecuencias reales. No solo se descarta que el órdago de Junts sea cierto, sino que fuentes gubernamentales responden con un desafío directo: que presenten una moción de censura si realmente van en serio. Una opción que, según fuentes del entorno de Carles Puigdemont, no figura por ahora entre sus planes.
La relación entre el Gobierno y Junts ha vuelto a entrar en una fase crítica tras la intervención de Míriam Nogueras en el hemiciclo, donde advirtió que "habría que hablar menos de cambios de horarios y empezar a hablar de la hora del cambio", sugiriendo que el tiempo del Ejecutivo se agota. Un aviso que Pedro Sánchez evitó responder, limitándose a insistir en su propuesta para eliminar el cambio horario, lanzada a principios de semana como un intento de desviar la atención y desplazar el foco del debate público lejos de las causas judiciales que salpican al Gobierno, al PSOE y al entorno personal del propio presidente.
En Moncloa interpretan este tipo de discursos como parte del guion habitual de Junts, más orientado a marcar perfil y acaparar titulares que a poner en peligro la legislatura. De hecho, insisten en que los discursos públicos no reflejan el verdadero estado de las negociaciones, en un intento de contener la alarma.
Entre las exigencias prioritarias de Junts figura la reforma sobre la multirreincidencia, actualmente encallada en la Comisión de Justicia. La formación independentista ha reclamado al Gobierno que desbloquee su tramitación, y el Ejecutivo admite que la propuesta está encima de la mesa y que podría formar parte del eventual pacto presupuestario. A esta reivindicación se suman otros compromisos aún por materializar, pero sobre los que el Gobierno ya ha expresado su voluntad por avanzar en ellos. Son el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la Unión Europea, la cesión de competencias en materia de inmigración a Cataluña y la aplicación de la amnistía política para el fugado Puigdemont.
Fuentes gubernamentales restan importancia al pulso y sostienen que se trata del "mismo Junts de siempre", asegurando que el tono exhibido en sus intervenciones no difiere del que han mantenido durante los dos años de legislatura. Mientras el Gobierno continúa negando la realidad, desde Junts advierten que no se trata de una escenificación. La formación independentista tiene marcada en rojo la fecha del 21 de diciembre, cuando decidirá si mantiene su apoyo al pacto de investidura con el PSOE.