Hace poco más de un mes, el Congreso de los Diputados aprobó la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, con los votos favorables del Partido Popular, Vox y UPN, y las abstenciones de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria. El descontento parlamentario llegó tras los fallos en las pulseras antimaltrato que dejaron a cientos de mujeres sin protección frente a sus agresores.
Tras su "negligente gestión al frente del ministerio" y más de un mes sin ofrecer datos concretos que aclaren cuántas mujeres se vieron afectadas ni cuántos sobreseimientos o absoluciones se produjeron, limitándose a afirmar que "no es un número elevado", como así recogió la Fiscalía en su memoria, fuentes parlamentarias socialistas han reconocido a Libertad Digital que habrían votado a favor de la reprobación de la ministra. "Toda acción tiene su consecuencia", resumen estas mismas fuentes, que advierten de la pérdida de confianza y del golpe que esta crisis supone para un Gobierno que se autoproclama el "más feminista" y que, insisten, debería asumir responsabilidades.
Según el reglamento interno del PSOE, si algún diputado rompe la disciplina de voto, "el Grupo Parlamentario y la Comisión Ejecutiva Federal podrían denunciar su conducta al Comité Federal. Si la actuación originada por esa persona del Grupo se estimase grave por el Comité Federal, éste tendría facultades para proceder a darle de baja en el Grupo Parlamentario". Este mecanismo actúa como un freno a la disidencia interna y evita que afloren fisuras que puedan poner en cuestión la autoridad de la dirección, razón por la cual los diputados socialistas terminan acatando el voto impuesto, incluso cuando discrepan en privado.
Consideran que la ministra Redondo no ha sabido gestionar adecuadamente la crisis ni ofrecer una respuesta convincente al problema. A ello se suma el malestar por su actitud tras la reprobación, cuando, lejos de asumir responsabilidades, ironizó sobre su condición de reprobada, agravando el descrédito de un Gobierno que, bajo el mandato de Pedro Sánchez, acumula ya once reprobaciones sin consecuencias reales.
El descontento crece después de que la ministra rehusara pedir perdón a las mujeres afectadas y prefiriera denunciar los "bulos", disculpándose solo por "el ruido generado" y culpando de ello a los partidos de la oposición.