Esta semana el Consejo de Ministros aprobaba la conocida como Ley Bolaños que implica mayor injerencia política en la Justicia, ya que la instrucción de las causas quedaría en manos de la Fiscalía, cuyo jefe elige el Gobierno. El PP lleva tiempo presionando al ministro Félix Bolaños a cuenta de este asunto y, después de registrar una ley para que "los jueces elijan a los jueces", le interpelarán en el Senado a cuenta de este asunto.
La iniciativa presentada, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, exige al Gobierno "cesar en sus ataques a jueces y magistrados, respetando sus decisiones, aunque perjudiquen al entorno del PSOE y al círculo más cercano de Pedro Sánchez". La próxima semana, la moción se llevará a Pleno para ser aprobada por la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría, por lo que saldrá adelante.
La secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha remitido además una carta a la Comisión Europea advirtiendo contra esta ley porque vulnera el Estado de derecho, cuestión por la que España ya recibió un varapalo en su último informe, además de las críticas por parte de la Comisión de Venecia. El ministro no sólo ha intentado varias veces manipular esas resoluciones, ha atacado además a la prensa que lo ha denunciado, como ha ocurrido con el presidente del Grupo Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos.
Sin apoyos suficientes
La norma de Bolaños no cuenta todavía con apoyos parlamentarios pero el PP ya prepara el terreno de batalla por si prospera. Por eso, reclaman en su propuesta del Senado "desistir de su intención de modificar el acceso a la Carrera Judicial para introducir criterios arbitrarios y subjetivos en la selección de sus miembros, sustituyendo los criterios de igualdad, mérito y capacidad", que es otra de las medidas recogidas en la norma.
Después de registrar en el Congreso la Ley para cambiar el modelo de elección del CGPJ, según el pacto alcanzado entre PP y PSOE, el grupo de Alicia García en la Cámara Alta pide "aplicar de forma inmediata las recomendaciones del Dictamen sobre el modo de elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial, adoptado por la Comisión de Venecia". Un informe que intentó manipular Bolaños para venderlo como favorable al Gobierno.
Por último, y después de lo sucedido con Pedro Sánchez en la Comisión Koldo, el PP exige al Gobierno "respetar a las Cortes Generales y, en este sentido, devolver a las sesiones de control al Gobierno su espíritu constitucional y reglamentario de rendición de cuentas del poder ejecutivo a las Cortes, absteniéndose de eludir la respuesta a las cuestiones planteadas por los grupos políticos o de centrar su réplica en ataques personales contra el parlamentario que está ejerciendo su labor constitucional de control al Gobierno".