La fiscal jefe Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán Martínez, ha advertido de la necesidad de que España reconozca que tiene "un problema de delincuencia organizada". Además, ha propuesto especializar juzgados en esta materia, revisar las competencias de la Audiencia Nacional (AN) y tipificar como delito la tenencia y transporte de gasolina vinculados al tráfico de drogas.
Así lo ha indicado durante una ponencia en el Congreso de Legislación Antinarcotráfico, organizado en Pontevedra por la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN). Morán, que asumió el cargo en mayo de 2022, ha pedido impulsar la legislación para ofrecer una mejor respuesta judicial y policial en la lucha contra la droga.
Nadie del Gobierno se lee la memoria de la Fiscalía
La fiscal asturiana ha lamentado que "a veces" tiene la sensación de que nadie en el poder ejecutivo ni legislativo se lee la memoria anual de la Fiscalía, en la que ya se advertía de las carencias en la lucha antidroga. En la de 2022, por ejemplo, se pedía revisar las competencias de la Audiencia Nacional, que cuenta solo con seis jueces de instrucción, lo que "no da para más".
Morán ha defendido que se revise la actual normativa con una visión estratégica, ya que la AN solo puede intervenir si el delito afecta a más de una provincia. "¿Qué importancia tiene eso si pueden entrar más de 20 toneladas de cocaína por Valencia?", se ha preguntado.
Corrupción en fuerzas de seguridad
La fiscal jefe ha subrayado que los casos de corrupción en fuerzas de seguridad, Aduanas o funcionarios deben considerarse un criterio para que la AN asuma competencia, ya que en algunos territorios "es imposible investigar" por las filtraciones. "No hay una realidad grave de corrupción, pero alguno hay y hace mucho daño", ha señalado, citando el caso de Óscar S., exjefe de la UDEF detenido con 20 millones de euros ocultos en su casa, presuntamente relacionados con el narcotráfico.
Morán ha propuesto también crear jurisdicciones regionales especializadas en delincuencia organizada y narcotráfico, como complemento a la Audiencia Nacional. "Eso pasa por reconocer que España tiene un problema de delincuencia organizada. Tenemos un problema y hay que abordarlo", ha insistido, subrayando que no basta con afrontarlo desde el Ministerio del Interior, sino también desde la Justicia y la acción política, competencias que recaen directamente sobre el ministro de Justicia, Félix Bolaños y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Más reformas legales
Entre sus demandas figura que la tenencia o transporte de gasolina destinado al narcotráfico sea considerado delito, y no solo una sanción administrativa. También ha propuesto revisar la tipificación de colaboración con organización criminal (para mejorar la prueba en juicio) y añadir como agravante el uso de electricidad en el cultivo de cannabis dentro del delito de defraudación de fluido eléctrico.
Además, ha reclamado recuperar el Consejo Superior de Lucha contra el Tráfico de Drogas, ya desaparecido, para mejorar la coordinación en el Plan Nacional sobre Drogas. En este sentido de eliminación, conviene recordar cuando la Fiscalía Antidroga criticó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por rebajar la presión contra el narcotráfico en Andalucía, tras la disolución "sorpresiva y sin comunicación previa" de la unidad especial de la Guardia Civil OCON-Sur, que había logrado importantes golpes contra las redes de tráfico en el Campo de Gibraltar.