El Partido Popular no tiene intenciones de sentarse a negociar en este momento con Pedro Sánchez la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al Senado, cuyo mandato finaliza el próximo 17 de diciembre. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, retaba al secretario general del PP, Miguel Tellado, a "fijar día y hora" para acordar los nombramientos, en un intento por desviar la atención de los escándalos sexuales que azotan al Gobierno y el PSOE.
"No vamos a negociar con este PSOE", trasladan fuentes del partido consultadas por Libertad Digital, que asumen la contrapartida de mantener en su puesto al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, al darle por amortizado, dada su deteriorada imagen. En este contexto, pactar con Sánchez supondría un desgaste para el PP aún mayor que mantenerle. "Que Pumpido se cueza en su propia salsa", trasladan dirigentes de la formación de Feijóo conocedoras del proceso, que apuestan por impedir que el presidente del TC ocupe el cargo vitalicio en el Consejo de Estado que tanto ansía.
Además de Pumpido, deben ser sustituidos la magistrada del bloque progresista María Luisa Balaguer y los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último podría prolongar su mandato, ya que ocupó la plaza de Alfredo Montoya hace un año y los mandatos se pueden prolongar hasta los nueve años.
El ciclo electoral no ayuda
En el PP preocupan las intenciones del Ejecutivo. Temen que pueda tenderles una "trampa", como ya ocurrió con la renovación del CGPJ, que se produjo sólo por mediación europea. El presidente busca mantener la mayoría de izquierdas en el Alto Tribunal para seguir ejerciendo el mismo control que hasta ahora y utilizarlo como una especie de tribunal de casación que enmiende todas las sentencias del Tribunal Supremo. Ya ocurrió con los ERE y podría repetirse con la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Si se convocan elecciones generales y los de Feijóo alcanzan el resultado que les dan las encuestas, podrían ampliar todavía más su mayoría en el Senado hasta controlar los tres quintos de la Cámara que son necesarios para renovar el TC. Esto supondría cambiar el equilibrio de fuerzas del Tribunal de Garantías y que hubiera una mayoría conservadora.
A esto se suma que alcanzar ahora un pacto con el PSOE, en su momento de mayor debilidad política por los escándalos sexuales y la corrupción, perjudicaría al PP, presionado también por Vox en las encuestas, y que ya le reprocha haber acordado con Sánchez la renovación del CGPJ. Estamos, además, en pleno inicio del ciclo electoral que inaugura Extremadura, a la que podría seguir Aragón, después Castilla y León y, por último, Andalucía.
El hecho de que las Cámaras autonómicas estén disueltas también dificulta el proceso, dado que deben proponer los candidatos al Senado, según recoge el Reglamento de la Cámara Alta y la doctrina constitucional. De manera que la renovación del TC arrancaría, en el mejor de los casos, una vez acaben las elecciones autonómicas.
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