La sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado desarma la argumentación esgrimida durante meses por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según los dirigentes socialistas, Álvaro García Ortiz sólo "había desmentido un bulo". Los magistrados del Supremo rechazan dicho pretexto con contundencia: "El Fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito".
Según la sentencia del Alto Tribunal, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, si bien las intenciones de García Ortiz pudieron ser las de desmentir una información falsa –que era la Fiscalía la que había propuesto el pacto a Alberto González Amador y no al contrario—, esas supuestas intenciones no exoneran al fiscal general de la comisión de un delito de revelación de secretos. Algo que parece evidente si se tiene en cuenta que el deber máximo del fiscal general es preservar el cumplimiento de la ley; un deber que, a ojos del Supremo, quebrantó sin justificación.