El Partido Popular ha solicitado una evaluación detallada del uso de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinados al mantenimiento y modernización de las vías de ferrocarril en España, a la luz de los datos revelados tras los descarrilamientos de Adamuz y Gelida, donde han muerto 46 personas y más de un centenar resultaron heridas.
La vicepresidenta del PPE, Dolors Montserrat, y el eurodiputado Borja Giménez Larraz han registrado dos preguntas escritas ante la Comisión Europea en las que solicita un análisis en profundidad de a qué se han destinado los millones de euros que la UE ha invertido en la red ferroviaria española, ante el colapso que está registrado el sistema.
En la primera pregunta, recuerdan que ADIF es el principal beneficiario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en España, con más de 5.800 millones de euros recibidos desde 2021, convirtiéndose en el mayor receptor de fondos Next Generation del país.
Sin embargo, los datos conocidos indican que el 84 % del gasto en alta velocidad se ha destinado a nuevas infraestructuras, frente a sólo un 16 % dedicado al mantenimiento y conservación de la red existente, pese a que varias de las principales líneas superan ya los 20 años de servicio y soportan un tráfico muy superior al inicialmente previsto.
El aumento de incidencias
Este desequilibrio ha desembocado en un aumento significativo de incidencias técnicas, advertencias de profesionales del sector y, recientemente, con una serie de accidentes e incidentes que ya se han cobrado víctimas mortales. Por ello, el PPE pregunta a la Comisión cómo valora que la mayor parte de ese dinero se concentre en nuevas infraestructuras en lugar de en el mantenimiento.
Asimismo, cuestionan si esta distribución del gasto es coherente con los objetivos del MRR en materia de seguridad, resiliencia y sostenibilidad a largo plazo de las infraestructuras ferroviarias. En una segunda pregunta, Montserrat y Giménez Larraz abordan el impacto de la liberalización del transporte ferroviario de alta velocidad sobre la infraestructura.
Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la alta velocidad transportó cerca de 40 millones de pasajeros en 2024, un 22 % más que en 2023 y un 77 % más que en 2019, antes de la apertura del mercado. Este fuerte crecimiento ha incrementado las frecuencias y la circulación de trenes con mayor carga por eje, intensificando la presión sobre una red que, en varios corredores, supera los veinte años de antigüedad.
Ante este contexto, piden evaluar que se garantice el uso de esos fondos al mantenimiento, adaptación y modernización de la red ferroviaria y se preguntan si la Comisión prevé utilizar mecanismos de condicionalidad para asegurar que se contribuye a reforzar la seguridad de la infraestructura y a su adecuación a la nueva realidad de explotación.