Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital han confirmado que el mecanismo de comprobación de los delitos de los extranjeros que se acojan al decreto de regularización de inmigrantes es prácticamente inviable. El Gobierno pretende apoyarse en plazos de investigación o comprobación de un mes. Y, en caso de no haber respuesta, se impone de facto un silencio administrativo que beneficia siempre al inmigrante. El resultado es un "coladero" brutal que permitirá una entrada masiva sin control real de sus historiales penales, destacan las mismas fuentes.
Pedro Sánchez y Podemos han pactado regularizar a muchos más de medio millón de inmigrantes en situación irregular. Funcas y Airef elevan esa cifra por encima de los 800.000 inmigrantes, y todo ello sin contar con la posibilidad que se les abrirá a todos ellos de traer más inmigrantes por la vía de la figura del reagrupamiento familiar.
El proceso de regularización urgente podrá solicitarse incluso por vía telemática por primera vez en España, es decir, sin ni siquiera contar con un contacto físico para certificar el parecido o credibilidad del testimonio del inmigrante. El Gobierno no había mencionado en su decreto por el cual se modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería que se podría tramitar de forma telemática, pero la realidad es que se habilita la presentación de solicitudes a través de los medios electrónicos de la Administración. Y todo ello en un sistema que es un verdadero coladero.
Para empezar, en ningún caso será exigible aportar documentación que se encuentra en poder de la Administración Pública. Este punto puede tener sentido, pero lo cierto es que no opera en infinidad de trámites que realizan todos los españoles ante su administración de forma diaria. Con los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente en España, sí va a operar.
Además, y teóricamente con carácter excepcional, si el interesado acredita haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Gobierno, previa solicitud al efecto, podrá recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondiente. Pero, en caso de no recibir dicha información en el plazo de un mes, la Administración comunicará esta circunstancia al interesado, que podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales.
Así es el proceso. ¿Y eso qué significa? "Hay que tener en cuenta que muchos de estos inmigrantes tienen un origen teóricamente desconocido, con lo que podrán elegir el país que menos rápido conteste para que ese mes de retraso sea un mero trámite", señalan fuentes policiales. Después vendrá el Gobierno: a repetir la secuencia en otro mes.
"Y lo normal es que pase lo mismo, si es que de veras quieren comprobar algo desde el Gobierno…", señalan las mismas fuentes. Y tras otro mes más, quedará activada la declaración responsable del interesado, que, obviamente, "dirá que no hay antecedentes penales". Y "fin de la comprobación de su historial delictivo", sentencia la fuente policial. De hecho, en este último caso, se entenderá, a los efectos de esta disposición transitoria, que el interesado carece de antecedentes penales en los citados países, confirma la fuente policial.