El panorama electoral en Andalucía se presenta como un escenario de auténtico descalabro para el sanchismo, marcando lo que parece ser el fin de una era en el que fuera el principal granero de votos del PSOE. Según los datos analizados en El Programa de Cuesta, la gestión de María Jesús Montero, tutelada desde Madrid por el Gobierno central, se encamina hacia un batacazo histórico que podría situar a los socialistas en niveles de irrelevancia nunca vistos en la región. Las encuestas más recientes dibujan un mapa político donde el centroderecha arrasaría, dejando al Partido Socialista en una situación de extrema debilidad.
Arcadio Mateo, experto de demoscopia, señala que el Partido Popular de Juanma Moreno no solo ganaría las elecciones con holgura, sino que existe una alta probabilidad de que duplique en escaños a la formación de Santiago Abascal. Los sondeos publicados por medios como El Español otorgan al PP un contundente 42,8% de los votos. Mientras tanto, el PSOE se hundiría hasta el 23,1%, un resultado que confirma el rechazo de los andaluces a las políticas impuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Uno de los factores determinantes en este cambio de ciclo es la figura de María Jesús Montero, a quien se señala como la candidata del saqueo fiscal. La actual ministra de Hacienda ha protagonizado una gestión marcada por el incremento asfixiante de la presión impositiva sobre los ciudadanos. Se estima que, solo en el último año, la recaudación ha subido en 30.600 millones de euros, sumando un total de 200.000 millones desde que el sanchismo llegó al poder. Este hachazo fiscal ha calado profundamente en el electorado andaluz, que ve cómo su esfuerzo económico se diluye en una administración central cada vez más voraz.
La crítica hacia Montero no se limita únicamente a su política económica. Se le reprocha su trayectoria de traiciones políticas, especialmente tras haber abandonado el entorno de Susana Díaz para integrarse en las filas de Sánchez. Además, su nombre aparece vinculado colateralmente a diversas polémicas y sombras de irregularidades, como la denominada trama SEPI o los contratos relacionados con el Covid-19 y figuras como Leire Díez. Esta acumulación de escándalos y su papel en la concesión de privilegios bajo la denominada singularidad catalana han terminado por dinamitar su credibilidad en el sur de España.