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Emilio Campmany

Imputadme, si os atrevéis

En una democracia ordinaria, un suplicatorio sería letal para el primer ministro, aquí, no. Es más, da la impresión de que el presidente desea que ocurra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. | Europa Press

Cada vez es más probable que un juez eleve una exposición razonada al Supremo solicitando la imputación de Sánchez. Y, conforme pasa el tiempo, es más fácil que el alto tribunal solicite al Congreso el suplicatorio preceptivo. En una democracia ordinaria, eso sería letal para cualquier primer ministro, pero aquí, no. Es más, da toda la impresión de que el presidente está deseando que algo así ocurra. Habló de persecución judicial con ocasión de lo de su hermano y su mujer, pero luego decidió guardar el argumento en el armario por su palmaria falta de fundamento. Y de nuevo lo ha vuelto a sacar. Es táctica vieja poner como no digan dueñas al juez predeterminado por la ley para después recusarle por enemistad manifiesta. La treta sólo puede funcionar si el juez entra al trapo y responde a las denuncias. Si no lo hace, la recusación no prosperará, pero al menos se habrá sembrado la duda sobre su imparcialidad. Y, si vuelven ahora a las calumnias, es porque quieren "preconstituir" la supuesta situación de acoso judicial para luego menospreciar la solicitud de suplicatorio tachándolo de acción antidemocrática dirigida a tumbar a un gobierno legítimamente elegido.

La situación tendría muchas ventajas para Sánchez. No necesitaría arriesgarse a una votación que cualquier deserción de alguno de sus socios podría hacerle perder. Le bastaría que la Mesa deje dormir el suplicatorio en sus cajones y dar lugar a que transcurran los sesenta días naturales previstos en el Reglamento de la cámara para que la solicitud se considere rechazada. No obstante, ésta sería una maniobra meramente defensiva, impropia de Sánchez, que gusta ir siempre al ataque.

Además, el presidente podría, antes de votar el suplicatorio, y quizá es en lo que esté pensando, disolver las cámaras. Es verdad que entonces se quedaría sin inmunidad parlamentaria y el Supremo podría imputarle sin más. Pero, aparte que Sánchez podría evitarlo atrincherándose en la Diputación Permanente, como otras veces se ha hecho, imputado o pendiente del suplicatorio, convertiría la campaña electoral y la consiguiente elección en un plebiscito sobre su persona. No deja de ser un sueño para un narcisista como él. Pero, no sólo, sino que la situación de lawfare de la que se presentaría como víctima le permitiría movilizar el voto de toda la izquierda, incluido el de la nacionalista, y apelar a los votantes que se convencieran de que les favorece económicamente que siga gobernando él (pensionistas, funcionarios, beneficiarios del ingreso mínimo vital, perceptores del salario mínimo profesional, extranjeros recién nacionalizados que, cuando cumplan la edad, si no la tienen ya, podrían razonablemente esperar una pensión no contributiva). No es descabellado que alguien como él, carente de escrúpulos, pueda ganar unas elecciones así planteadas. Y, en cualquier caso, así tiene más probabilidades de lograrlo que en un escenario corriente.

El panorama no puede ser peor para España. Basta imaginar cómo gobernaría Sánchez si fuera capaz, tras ser absuelto por las urnas, de reunir una mayoría suficiente para su investidura. Da vértigo imaginar qué cosas llegaría a prometer a golpistas, separatistas y filoetarras. Y qué medidas podría tomar contra jueces y periodistas. De modo que recemos para que los jueces todavía no encuentren suficientes pruebas contra él y dé tiempo a que Sánchez pierda las elecciones como merecen hacerlo los malos gobernantes, en las urnas y sin injerencias de ningún tipo. Luego, que pague los crímenes que haya podido cometer, como seguramente tendrá que hacer Zapatero, sin someter a España a las tensiones que pretende y que no pueden ser más peligrosas.

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