El doble rasero de la hermana de Puente

Es difícil, por no decir imposible, encontrar alguna actuación, disposición, norma, apaño o movimiento del Gobierno de Pedro Sánchez que se atenga a la legalidad y persiga el bien común. El más imperceptible movimiento de un papel en la sala de máquinas socialista tiene como objetivo beneficiar a Pedro Sánchez de algún modo aunque ello implique pisotear de manera obscena el Código Penal. Detrás de cada anuncio, de cada resolución, de cada declaración hay un motivo oculto tendente a perpetuar el sanchismo.

La llamada Ley de Nietos es un ejemplo meridiano de las auténticas intenciones socialistas. El pucherazo es tan obvio y tan descarado que no tiene defensa posible. Y menos aún cuando la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, alteró la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la citada reforma legal para extender el acceso a la nacionalidad española a todo aquel que esté dispuesto a votar al PSOE aunque no descienda ni remotamente de ningún exiliado o represaliado por el franquismo.

La maniobra se ejecutó con nocturnidad administrativa y alevosía partidista, aprovechando la ingenuidad de esa derecha convencida de la superioridad moral de la izquierda por haber perdido la Guerra Civil. Y lo hizo la misma persona que puso toda clase de impedimentos a los sefardíes que aspiraban a la nacionalidad española. Esos descendientes de los judíos expulsados en 1492 toparon con un muro burocrático, las exigencias de doña Sofía Puente, las restricciones de la hermana del ministro tuitero, los avisos a los notarios y los expedientes tumbados porque el interesado pretendía conseguir la nacionalidad sin personarse en Madrid.

Y todos esos requisitos que con los sefardíes eran de obligado cumplimiento se han eliminado de un plumazo en el caso de ese coladero de la ley de nietos. Ya no hace falta acreditar los lazos familiares con documentación oficial, ya no hace falta viajar a España para tramitar la nacionalidad, ya no hay que superar el examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España. Todo eso que se exigía a los sefardíes es prueba superada para las masas de votantes que recluta el sanchismo fuera de España.

Tampoco gozan de las mismas facilidades que los supuestos nietos de la diáspora republicana los saharauis nacidos antes de 1976 en la que fuera colonia española. A efectos de obtener la nacionalidad española, un saharaui tiene que vivir 10 años en España frente a los dos años que se requieren en el caso de los hispanoamericanos y los ecuatoguineanos. Son las consecuencias de la discrecionalidad sanchista, la inseguridad jurídica necesaria para avanzar en el autoritarismo.