El todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, daba la campanada este martes al anunciar la retirada de Cuba de la lista de los países promotores del terrorismo. Decisión que se hacía pública apenas unos días antes de que el demócrata abandone la Casa Blanca para pasar el testigo a Donald Trump (quien la volvió a meter en 2017 en la citada lista, donde estuvo entre 1982 y 2015), por lo que podría tener sus días contados, y que va acompañada de otras medidas que reflejarían un acercamiento de posiciones en las relaciones bilaterales de ambas administraciones.
Entre ellas, cabe citar la eliminación de ciertas sanciones financieras y -sobre todo- la suspensión del título tercero de la Ley Helms-Burton, que permitía a los exiliados cubanos que viven en Estados Unidos presentar una reclamación por los activos que le fueron expropiados tras la Revolución Cubana de 1959, acabando con la posibilidad de que puedan ser recompensados por los bienes que les fueron arrebatados. Concesiones que irían ligadas a la supuesta liberación de 553 presos, que irán saliendo de la cárcel "progresivamente" y que -advierte Cuba- "pueden regresar a prisión" si no cumplen ciertos "requisitos", como el de tener "buena conducta".
Así lo ha señalado la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular (TSP), Maricela Sosa, en la televisión estatal. Las excarcelaciones no responden "a una amnistía ni a un indulto", se ha apresurado a matizar, porque eso supondría "la extinción total de la sanción". El tribunal que les condenó tiene la facultad de revocarles esta medida y "que regresen al centro penitenciario". Aquí está letra pequeña de estas falsas liberaciones que -como denuncia Prisoners Defenders- más bien responderían al reconocimiento de unos beneficios penitenciarios que les corresponderían desde hace tiempo pero que les han sido negados por el régimen comunista.
Los presos seleccionados para estas excarcelaciones -ha detallado Sosa- cometieron "hurto; robo con fuerza; amenazas; lesiones; desórdenes, ha dicho. Aunque algunos de ellos -ha admitido- "fueron sancionados por sedición", delito por el que mayoritariamente fueron condenados los manifestantes encarcelados por participar en las protestas pacíficas del 11J. Entre las primeras personas que han salido de prisión, se encuentran los presos políticos: Dariel Cruz García, Donaida Pérez Paseiro y Lisdiany Rodríguez Isaac.
La madre de la última mujer mencionada -que actualmente tendrá 26 años- denunció hace un año en Libertad Digital los castigos que recibió su hija en la cárcel por negarse a abortar. Llegaron a tenerla más de 14 horas sin comer, estando embarazada. "Quieren matar de hambre a su bebé", señaló Bárbara Isaac en declaraciones a este periódico. De ahí las reticencias de muchos al saber de las excarcelaciones. Está por ver cuáles son las condiciones en los que salen los reos, ya que la dictadura sigue condenando con dureza a todo aquel que se manifieste en contra.
La represión continúa
Apenas unas horas antes del anuncio de las excarcerlaciones, dos jóvenes cubanos eran sentenciados a 5 y 4 años de cárcel por promover una protesta contra el régimen comunista a través de Facebook. La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba ha considerado que Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera han incurrido en un delito de "propaganda contra el orden constitucional".
El fallo, al que ha tenido acceso el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos (OCDH), señala que el primero -24 años- "expresó con palabras groseras que estaba harto del gobierno cubano y había que hacerse escuchar ante el mundo" y además "conminó a compartir tal contenido en las redes sociales con otras amistades y demás personas con ideas afines, al tiempo que convocó a una manifestación en contra del sistema político cubano" aunque -reconoce- la protesta "no llegó a concretarse".
El segundo de los jóvenes, de 22 años, optó por "compartir para sumarse a la convocatoria, tomarla como suya e incrementar el número de seguidores". Desde el OCDH, condenan estas sanciones "contra ciudadanos que ejercen sus derechos de expresión libremente en las redes sociales". "El régimen cubano ni siquiera esconde que penaliza con prisión las opiniones libres", asevera, " y continúa a la caza de cualquier disenso". Así es como se las gasta el régimen comunista que ha sido premiado por Biden (ya en proceso de retirada). Y justo en el peor momento, en opinión de la asociación Cuba en Transición.
En línea con Venezuela
"Se realiza en medio de las amenazas de guerra lanzadas desde Caracas por el impostor Nicolás Maduro con sus aliados directos: Cuba y Nicaragua. Esta medida deja en la indefensión a estos tres pueblos sometidos a tres dictaduras sangrientas, y a los defensores de derechos humanos por los que supuestamente se da el paso", ha denunciado John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre. "¿Por qué la Administración Biden flexibilizó repetidamente las sanciones a la dictadura de Cuba, y ahora la libera de una importante barrera para que logre recursos internacionales?", se pregunta.
Agradezco a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada hoy por EE.UU de excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo en la que nunca debió estar y que, junto a otras dos medidas adoptadas, ha tenido un alto costo para el país y las familias cubanas
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 14, 2025
El Centro por una Cuba Libre y la Asociación Española Cuba en Transición lamentan esta decisión de última hora de la Administración Biden, y reiteran la importancia de "sancionar a los victimarios, y redoblar el apoyo directo a las víctimas y no al revés" si realmente se quiere ayudar a los defensores de derechos humanos en la isla caribeña. Desde Prisoners Defenders recuerdan que la dictadura ha metido en la cárcel a 1.801 presos políticos desde las protestas del 11 de julio de 2021 y advierten de que las excarcelaciones anunciadas no son más que los beneficios penitenciarios que le han sido negados a estos reclusos durante los últimos años a 553 de ellos.
Falsas liberaciones
La propia Sosa lo ha admitido al explicar las supuesta liberaciones como "beneficios de excarcelación anticipada" en pro de la "reinserción" de las personas privadas de libertad que promueve el artículo 60 de la Constitución. La vicepresidenta del Supremo ha reconocido que los presos que pueden optar a las excarcelaciones anunciadas, que en ningún caso suponen una eliminación total de las sanciones, han de reunir una serie de "requisitos" -dice- recogidos en la ley.
"Por ejemplo, si el condenado -cuando cometió el delito, comenzó a cumplir su pena o su trabajo correccional- tenía menos de 20 años de edad, al tercio del cumplimiento de la sanción que se le impuso tiene derecho a ser analizado para beneficio de excarcelación, si mantuvo buen comportamiento, si fue transitando de manera correcta y demuestra al tribunal que los fines de la sanción fueron cumplidos".
"Si se trata de una mujer y es primaria (primera sanción que cumple), también tiene derecho a ser analizada para beneficio de excarcelación", ha añadido. "En el caso de personas que son primarias pero no reúnen estos requisitos, ser joven o ser mujer, pues sería a la mitad de la sanción". Y si tiene antecedentes, "tienen que cumplir las dos terceras partes". Por tanto, podemos concluir que se está sacando de la cárcel a personas a las que ya les correspondía tener esos beneficios.
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