La participación de organismos internacionales en la crisis de Venezuela ha sido más que limitado. Por un lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) –en principio el más importante de la región– no ha sido capaz de intervenir para calmar la situación y evitar más muertes por la represión que sufren los estudiantes y miembros de la oposición.
Panamá fue el único país que intentó mover piezas dentro de la OEA y eso provocó la furia de Nicolás Maduro quien no dudó en romper relaciones diplomáticas en un recordado y muy agresivo discurso el mismo día en que se conmemoraba el primer año de la muerte de su líder Hugo Chávez. El país centroamericano rechazó los términos del venezolano y mencionó la posibilidad de dar una respuesta relacionada con cuentas bancarias de Maduro y sus amigos. Días después, Panamá dio la posibilidad de hablar a María Corina Machado ante la OEA dándole su espacio, cosa que logró no sin antes tener que sortear la manipulación chavista.
Lo que siempre quiso Maduro es que sea la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la que se pronuncie en especial por la cercanía de este organismo a Hugo Chávez. Al final lo logró y la Unarur respaldó al chavista, aunque antes el canciller venezolano, Elias Jaua, intentó manipular el comunicado agregando algunos puntos que no estaban en la versión oficial. En el texto, la Unasur anunció la creación de una comisión conformada por cancilleres del bloque regional, que acudirán al país para acompañar el diálogo en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz, convocada por Maduro con sus propias reglas de juego y rechazada por el bloque opositor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), liderado por Henrique Capriles.
Esta comisión llegó este martes a Venezuela y estarán varios de los cancilleres más cercanos al régimen chavista. Las críticas no se han hecho esperar ya que muchos creen que el marco de actuación es muy restringido. Colombia y Paraguay han sido los que han defendido esta posición. En una rueda de prensa en Asunción, los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y Paraguay, Eladio Loizaga, reclamaron que se amplíe la agenda preliminar de la comisión, que en principio estará en Venezuela el martes y miércoles, para "incluir más partes con las que conversar". Lo que quieren es que la misión tome contacto "con todos los sectores políticos y sociales" de Venezuela.
"En una democracia el diálogo es el aceite que mueve todo ese proceso", afirmó Holguín mientras que Loizaga apuntó que el objetivo del viaje a Venezuela es "que se pueda buscar la vía para que se inicie un diálogo amplio que pueda traer de algún modo la reconciliación en el pueblo venezolano".
El que dejó claro cuál sería el objetivo fue el canciller ecuatoriano. Ricardo Patiño señaló la semana pasada que los enviados de la Unasur deberán "seguir, por supuesto, los lineamientos del Gobierno de Venezuela" y agregó que "nosotros no podemos ir allá a hacer lo que nos da la gana, a meternos en cualquier sitio a conversar con quién sea, no podemos hace eso porque estamos atendiendo un pedido de Venezuela".
Durante la visita de este grupo de trabajo, la oposición venezolana estará muy atenta a sus actividades. José Alberto Zambrano, vicepresidente de asuntos internacionales del partido opositor COPEI, señaló al diario El Universal que algunos de los cancilleres deberían trasladarse a Táchira, unas de las zonas más activas en las protestas: "Vayan y vean el estado de sitio, la ciudad del Táchira militarizada, situación que también está pasando en algunos estados del país". Además, pidió a la Unasur que no se convierta en una "suerte de alcahuetes o cómplices del Gobierno" y aclaró que "no estamos de acuerdo con que la comisión sea negociadora o mediadora de buenos oficios, estamos de acuerdo en que puedan buscar algún país o alguna persona de solvencia moral, ética o política que pueda hacer de mediador en esta crisis".
La propia Conferencia Episcopal Venezolana se mostró dispuesta a participar. En un comunicado mostró su preocupación por "un ambiente signado por la restricción de información, el uso desproporcional de la fuerza del Estado y la autocensura, generando, por lo menos incertidumbre y desasosiego en toda la población". Por eso ofreció su ayuda para un favorecer un diálogo "orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela".