Los países sudamericanos no han sido ajenos a la crisis. Pese a eso, algunos países sobresalieron por sus buenas cifras de crecimiento. Uno de ellos es Perú. Sin embargo, sus éxitos macroeconómicos no se han visto reflejados en soluciones para los problemas importantes como la inseguridad ciudadana, la lucha contra la pobreza, la reforma de la sanidad y la mejora de la educación, uno de los sectores más olvidados en las últimas décadas.
Con estos problemas, cualquier pensaría que los políticos peruanos están concentrados en buscar soluciones, reformando leyes, haciendo propuestas o firmando pactos de Estado para beneficiar a la totalidad de la población. Pero no parece ser el caso. El Congreso peruano es una de las instituciones con mayor desaprobación de la ciudadanía (en algunos sondeos llega al 85%), y pese a eso parece esforzarse a que la cifra siga subiendo.
El hecho es que el legislativo peruano ha estado en estos últimos meses más dedicado a investigarse entre ellos –varios congresistas han recibido denuncias en su contra y los casos han sido tocado en sus comisiones–, y también hacerlo con expresidentes, como es el caso de Alan García y Alejandro Toledo, ambos por diferentes causas.
Lo que no se ha visto son iniciativas que puedan beneficiar a la población o por ejemplo resolver el vacío que existe en el Tribunal Constitucional. El TC peruano comenzó su año 2014 con seis miembros, cinco de los cuales ya tienen su mandato vencido y esperan reemplazos que deben ser designados por el Congreso. Este paso iba a realizarse este miércoles pero nuevas dificultades entre los grupos parlamentarios frustró el proceso. Algo parecido ocurre con la Defensoría del Pueblo, que desde 2011 no tiene titular designado. Parece ser que los congresistas no tienen tiempo para este tipo de asuntos y con una nueva postergación han podido adelantar sus festivos por Semana Santa.
¿En qué trabajan?
Los legisladores peruanos parecen preocuparse por asuntos más bien menores y no por leyes que mejoren la calidad de vida de los peruanos. Una buena prueba es lo ocurrido esta semana y dos veces. No hubo tiempo para temas importantes, pero para esto sí.
Este martes, el Congreso aprobó un proyecto de ley que da nombre al espacio aéreo peruano. De esta manera, cuando el presidente Ollanta Humala promulgue la ley, el cielo peruano recibirá el nombre de "José Abelardo Quiñones", capitán de la Fuerza Aérea peruana y héroe durante el conflicto armado de 1941 con Ecuador. No es la primera vez que algo similar ocurre ya que en 1984 el parlamento nombró a sus aguas como "el mar de Grau", en referencia al héroe de la Guerra del Pacífico (1879-1883), Miguel Grau.
Pero los legisladores peruanos dieron otra ley, la de los "emolienteros", nombre que reciben los que preparan una bebida tradicional llamada "emoliente" que tiene propiedades medicinales y que está compuesta de granos tostados de cebada, extractos de hierbas medicinales, azúcar y jugo de limón. Miles de peruanos suelen beberlo en algunos puestos ubicados en zonas de alto tránsito de personas.
Esta ley reconoce su venta ambulatoria y a los "vendedores de bebidas elaboradas con plantas medicinales en la vía pública y como microempresarios generadores de autoempleo productivo". Ahí no acaba la cosa porque se declaró el 20 de febrero como "Día del emoliente, quinua, maca, kiwicha y demás bebidas naturales tradicionales".
Con estas actividades, es muy posible que muy pronto el Congreso peruano comience a recibir una aprobación de los ciudadanos cercano a una cifra. Los escándalos, denuncias y broncas se suceden en un legislativo peruano muy venido a menos.