No es casualidad que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela advirtiera este miércoles al Parlamento que la Constitución prevé "límites democráticos" a su tarea fiscalizadora. Se trata sin duda de una advertencia ante los movimientos parlamentarios de la oposición para presentar las alternativas para recortar el periodo de Nicolás Maduro al frente del país ante la grave situación económica.
En la sentencia del TSJ, se apunta que "la Constitución no avala el abuso ni la desviación de poder, sino que, por el contrario, plantea actuaciones racionales y equilibradas (...) compatibles con la autonomía de cada órgano". Es decir, una amenaza clara hacia las decisiones que podría tomar el legislativo en las próximas semanas.
Según lo expuesto en los últimos días por miembros de la oposición, existen cuatro vías principales que se plantearán para la salida de Maduro, todas ellas dentro del marco constitucional y legal.
La primera opción que se baraja es que sea el mismo Maduro el que decida renunciar ante la presión social que existe en Venezuela. De hecho algunos creen que esta posibilidad no está tan lejos de la realidad ya que incluso habría sectores del chavismo que recomendarían esta opción para evitar procesos largos. En caso de que lo haga antes del 10 de enero del 2017 –cuando cumpla los primeros cuatros años– se convocaría a elecciones y si es después, asumiría el vicepresidente hasta acabar el mandato en enero de 2019. El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, dijo que "si en realidad tiene algo de patria por dentro, que renuncie y le facilite a Venezuela la salida de esta tragedia que él encabeza".
Otra vía que ha sido mencionada por miembros de la oposición como el propio Henrique Capriles –y por esa razón amenazado ahora por la Contraloría– es un proceso revocatorio con la convocatoria de un referendo, una posibilidad que sólo puede contemplarse cuando se cumpla la mitad de su actual periodo presidencial, que en este caso ocurre el próximo mes de abril. Es una de las posibilidades por la que apuestan muchos aunque una de las dificultades es que necesitarán recolectar cuatro millones de firmas –el 20% de los votantes inscritos en el padrón electoral– en no más de tres días, según las normas del Consejo Nacional Electoral (CNE).
También se plantea un posible juicio político con miras a la destitución de Maduro por la situación en la que ha colocado a Venezuela con una enorme crisis económica –con altos índices de escasez– además de los problemas sociales y políticos que atraviesa el país. Por último se contempla una enmienda constitucional que recorte el período presidencial a cuatro años. Estos dos casos obligaría la convocatoria de elecciones.
Ahora solo queda que la oposición decida la vía que utilizará aunque lo que no parece fácil es que el chavismo acepte alguna de ellas. Sin embargo, la presión parece no llegar sólo de sectores de oposición sino también de algunos ciudadanos que apoyaron en el pasado a Maduro e incluso desde dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).