Cristina Fernández de Kirchner está dispuesta a dar la batalla después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitasen 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta en el marco de la caso Vialidad. Kirchner ha comenzado a azuzar a sus partidarios para convocar una gran marcha contra la justicia argentina y los kirchneristas más radicales ya han llenado las redes de amenazas contra los jueces y fiscales de la causa.
La senadora peronista Juliana Di Tullio, cercana a la vicepresidenta Kirchner, ha confirmado este miércoles que están "armando una gran marcha" para respaldar a la exmandataria. Según recoge Clarín, la dirigente ha afirmado: "Somos millones y estamos dispuestos a dar pelea. No va a ser fácil que otra vez le saquen al pueblo argentino la posibilidad de construir su propio destino".
Aunque de momento no existe una convocatoria oficial, Di Tullio ha asegurado que la iniciativa responde a "todos" los sectores que integran la coalición oficialista y ha señalado que "no va a ser ahora, porque nosotros estamos alentando que el pueblo se siga expresando de manera espontánea. Estamos viendo cuál es el momento."
Di Tullio ha propuesto que la convocatoria se realice el próximo 17 de octubre, una fecha simbólica que conmemora el nacimiento del peronismo y que también recibe el nombre de Día de la Lealtad Peronista.
Amenazas contra jueces y fiscales
El desafío a las instituciones judiciales avanza entre el kirchnerismo, que incluso ha lanzado amenazas violentas contra los fiscales y los jueces de la causa que juzga a vicepresidenta por presuntamente haber sido jefa de una asociación ilícita y por el delito de administración infiel en perjuicio del Estado.
En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de amenazas y llamamientos para acosar a los funcionarios. Por ese motivo, la Policía argentina ha anunciado que reforzará la vigilancia de los jueces y los fiscales. La medida la ha solicitado el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rossatti.
En el recuerdo de los argentinos se encuentra el caso del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto con un disparo en la cabeza cuatro días después de señalar a la vicepresidenta por encubrir a terroristas iraníes. La cuestión es que el fiscal estaba custodiado por diez guardaespaldas debido a la gran cantidad de amenazas que recibía, pero ninguno de esos agentes se encontraba en su puesto de trabajo en el momento en el que Nisman murió.