El diputado de Vox, Víctor González, ha sido expulsado de Bolivia tras haber acudido al país desde el momento de la detención ilegal del gobernador de Santa Cruz y opositor, Luis Fernando Camacho. El diputado ha recibido la notificación de salida obligatoria y se encuentra ya en España.
Vox ha reclamado desde Bolivia al propio Gobierno de España que muestre su apoyo a los derechos humanos en Bolivia mientras el partido amigo de Podemos, defiende la detención del opositor y el trato degradante, ilegal e inhumano dado al político. Y ha sido el propio Gobierno de Bolivia en pleno y el expresidente Evo Morales quienes han reclamado la expulsión de Vox del país para tapar el escándalo del encarcelamiento del principal opositor. El diputado ha sido ya expulsado.
Evo Morales, un día antes de la expulsión del diputado de Vox, aseguraba en redes sociales que "condenamos la actitud de @vicpiedra [el diputado español Víctor González] (cómplice de Arturo Murillo) y su colega chileno @sanchezdiputado que actúan como en la Colonia. Después de justificar masacres y robos del gobierno de facto, instigan atentados a instituciones públicas y privadas. Bolivia es digna y soberana".
La reacción de Evo Morales no fue aislada ni mucho menos. El Gobierno de Bolivia en pleno ha calificado como "un acto de intromisión inaceptable" las declaraciones de los diputados Víctor González, de España, y Luis Fernando Sánchez, de Chile, sobre la detención ilegal de Camacho en Santa Cruz. "Ambos diputados no representan a su Gobierno", ha afirmado el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. El Gobierno de Bolivia asegura que las declaraciones del diputado de Vox son "un claro acto de intromisión inaceptable en los asuntos internos del país".
La notificación de salida obligatoria recibido por el diputado de Vox, Víctor González, de hecho recoge esa misma argumentación pata proceder a la expulsión del político. En el documento entregado al diputado se recuerda que el Gobierno de Bolivia tiene "la facultad y responsabilidad de resolver la salida obligatoria de extranjeros que directa o indirectamente infringieran la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia o incurriesen en las causas de salida obligatoria".
El documento añade causas y llega a hablar de "razones de seguridad nacional y orden público" o "cuando se trate de trate de cualquier forma de propaganda política o injerencia interna a favor o en contra de conflictos armados internos o internacionales".
Vox había criticado desde Bolivia la detención ilegal de Camacho y había reclamado a Pedro Sánchez que defendiera los derechos humanos en un país gobernado en estos momentos por uno de los referentes de Podemos. Para ello, el partido de Santiago Abascal había llegado a registrar su exigencia en el Congreso de los Diputados, donde "reclama que el Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía nacional, rechace la violencia y la persecución política que sistemáticamente lleva a cabo el Gobierno de Bolivia contra sus adversarios políticos" y que exprese "su solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia y conmine al Gobierno de este país a cumplir con los deberes de protección de sus nacionales y respeto de las reglas democráticas, abandonando la utilización de los mecanismos coactivos del Estado para cercenar injustificadamente los derechos de los bolivianos". Vox igualmente había exigido esa defensa al Gobierno de Pedro Sánchez.