Nuevo escándalo en Perú por la detención del hermano de la presidenta Boluarte

Nuevamente el ambiente político en Perú se complica por el entorno de un jefe de Estado. En este caso se trata del hermano de la presidenta Dina Boluarte, detenido este viernes por la mañana en su casa por un caso relacionado con tráfico de influencias. Esto guarda relación también con algunas decisiones del Gobierno que supuestamente intentó neutralizar la decisión judicial pocas horas antes de ocurrir la detención.

Aunque desde hace meses los medios de comunicación han señalado a Nicanor Boluarte como un hombre muy cercano al circulo de su hermana, este viernes las investigaciones han llevado a su detención en medio de una serie de especulaciones sobre los intentos del Gobierno para evitarlo.

Hace unos días la presidenta Boluarte convocó al jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional (Diviac), Franco Moreno, y pocas horas antes de la detención, se ordenó la desactivación del equipo especial de la Policía que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Ante las sospechas de la opinión pública, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negó este sábado en un medio local que la mandataria haya intentado impedir la detención de su hermano: "si ella hubiese tenido la pretensión, siquiera, de evitar la detención de ayer quizá no se hubiese producido".

Según lo que señala la Fiscalía, Nicanor Boluarte dirigía presuntamente una red de tráfico de influencias en la designación de prefectos y subprefectos (representantes del Ejecutivo en las regiones), así como su permanencia en esos cargos políticos, a cambio de dádivas económicas y de la captación de afiliados a su partido.

Ante esta situación, la Fiscalía abrió "diligencias preliminares" contra Dina Boluarte y el ministro del Interior, Walter Ortiz, por la desactivación del Eficcop. El comunicado del Ministerio Público señala que se "ha dispuesto el inicio de diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su actuación de presidenta de la República, como presunta instigadora; y, contra Walter Ortiz Acosta, en su actuación de ministro del Interior, como presunto autor de la comisión del delito contra la Administración de Justicia, en la modalidad de encubrimiento personal".