Un tribunal del país andino ha condenado este jueves a más de once años de prisión al expresidente Pedro Castillo, que ocupó el cargo entre 2021 y 2022, por el delito de conspiración para rebelión, al considerar probado que participó en el intento fallido de golpe de Estado de diciembre de 2022, tras el que se precipitó su destitución.
La Sala Penal Especial del Tribunal Supremo le ha sentenciado a once años, cinco meses y 15 días de prisión por dicho delito. No obstante, le ha absuelto del delito de abuso de autoridad y de una grave perturbación de la tranquilidad pública, cargos por los que la Fiscalía había solicitado hasta 34 años de cárcel en su contra.
🇵🇪🧑⚖️ Así fue el momento en que Norma Carbajal, integrante de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú, emitió la sentencia contra Pedro Castillo y otros acusados por el delito de rebelión. pic.twitter.com/jwdiNV7j1J
— IMER Noticias (@IMER_Noticias) November 27, 2025
La misma condena han recibido también Betssy Chávez, la exprimera ministra de Perú asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, lo que ha provocado la ruptura de relaciones entre ambos países, y el exministro de Interior Willy Huerta. En cambio, el exministro Aníbal Torres ha sido condenado a una pena inferior: de seis años y ocho meses.
Castillo, que en su alegato final ha asegurado ser inocente, ha presentado antes de conocer su sentencia una solicitud de nulidad absoluta del proceso. El exmandatario ha denunciado la parcialidad de los magistrados, según informan medios locales.
En el caso de Chávez, que se encuentra asilada en la Embajada de México, se ha emitido una orden de detención a nivel nacional e internacional. En cuanto a Huerta y Torres, la pena queda suspendida hasta que sea confirmada en una instancia superior.
Primeras reacciones
La sentencia contra Castillo provocó reacciones a través de las redes sociales, en especial desde el Legislativo. Una de ellas fue la congresista Adriana Tudela, del partido de derechas Avanza País, quien calificó la condena de "necesaria y justa" y agregó que "pretender acabar con la democracia y capturar el poder por la fuerza es algo que como Nación no podemos aceptar ni pasar por agua tibia. Ahora falta la sanción política".
Por su parte, el exprimer ministro de Castillo, Guido Bellido, apuntó que "la sentencia (…) es injusta, desproporcionada y cargada de odio de clase. No existe delito alguno en una proclama política, ni hubo rebelión ni conspiración. Lo que hubo fue un acto político y sancionado con su vacancia irregular, su detención arbitraria y el bloqueo de sus derechos políticos y humanos".