El proyecto del Gobierno de Canadá sobre la ley de eutanasia ha creado una gran controversia en el país norteamericano. El Gobierno de Justin Trudeau pretende ampliar la ley y permitirá a las personas con adicción a las drogas solicitar la muerte asistida médicamente. La inclusión en la llamada ley de asistencia médica al morir (MAID) está prevista para marzo para marzo de 2024. En el mismo periodo, se espera que la legislación incluya a las personas que padecen enfermedades mentales, incorporación que ya se había anunciado este año, pero acabó posponiéndose.
Según los datos aportados por Cristina Serrano, periodista española afincada en Vancouver, los estudios revelan que la media de edad de las personas que se inyectan drogas es de 28 a 35 años, pero en varios sitios una gran parte de ellas son menores de 20 años. Así, un estudio realizado en Québec en 1996 indica que uno de cada cinco de los consumidores CVI es adolescente. Si bien es difícil detectar las tendencias existentes a partir del limitado número de estudios existentes, los datos parecen indicar un ligero aumento en la edad de los participantes en los programas de intercambio de jeringuillas. La media de edad de las cinco investigaciones más recientes es de 32 años, por encima de las medias encontradas en todos los estudios anteriores.
La decisión del Gobierno canadiense sobre la ley de eutanasia ha desatado la polémica. Hay expertos que abogan por la inclusión de todas las personas con enfermedades mentales en el programa de muerte asistida, pero no hay consenso.
El hecho de que se incluyan en el futuro a las personas adictas a las drogas ha levantado una oleada de críticas y se está debatiendo en la conferencia de la Sociedad Canadiense de Medicina de las Adicciones en Victoria, Columbia Británica.
Algunas organizaciones de adictos y activistas no ven con buenos ojos la iniciativa, ya que creen que otras medidas de salud pública, incluido un mejor acceso a los sitios de prevención de sobredosis o a fármacos opioides como la morfina o metadona, son más necesarias. Hay personas que realmente están luchando y que no reciben el tipo de apoyo y ayuda que necesitan. Adictos y ONGs tachan la medida de "eugenésica".
La sanidad en Canadá pública y gratuita está reservada a los ciudadanos que residen legalmente en Canadá que cumplan determinados criterios relacionados con su situación laboral y de residencia. Por tanto, ni los turistas, ni los inmigrantes irregulares, ni los residentes con permiso de trabajo pero sin derecho aún a acudir a la sanidad pública de Canadá tienen derecho a la misma.
Este debate se produce en plena crisis por el consumo de fentanilo en Canadá, donde la conocida como droga zombi está causando estragos en todos los grupos de edad.
"Los adictos reciben 600 dólares al mes para comprar drogas y así evitar la delincuencia", cuenta Cristina Serrano. "La cosa se está poniendo fea".
"En Vancouver, en la provincia de British Columbia en Canadá, la muerte por sobredosis de Fentanil se han duplicado año tras año" y "podría ir a más". La periodista española se escandaliza con la intención del Gobierno de legalizar la eutanasia para drogadictos. "Tienen los órganos intactos", dice. Y es que esta droga no distingue edades ni clases sociales ni poder adquisitivo. "Cada vez hay más gente normal enganchada al fentanilo", insiste.
La provincia canadiense de Columbia Británica inició este año un programa piloto inédito en ese país que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras como cocaína y heroína. Los adultos pueden poseer hasta 2,5 g de esas drogas, así como metanfetamina, fentanilo y morfina. Se trata de un experimento con una duración de tres años que tiene la finalidad, según el Gobierno canadiense, de tratar el problema como una alarma sanitaria y no policial.
En Estados Unidos y Canadá, las muertes por sobredosis, provocadas principalmente por la epidemia del uso no médico del fentanilo, siguen batiendo récords. Las estimaciones preliminares en Estados Unidos apuntan a más de 107.000 muertes por sobredosis en 2021, frente a unas 92.000 en 2020, según El Informe Mundial sobre las Drogas 2022.