Marruecos, enemigo de España

Marruecos no es un socio difícil, un vecino incómodo o un competidor agresivo. Es un Estado hostil que utiliza la inmigración, el chantaje territorial y la presión diplomática contra España, mientras nuestros gobiernos financian su estabilidad, protegen a los menores que abandona y adaptan nuestra política exterior a los deseos de Mohamed VI.

La hostilidad no se mide por las bonitas sonrisas en las cumbres bilaterales, sino por los hechos. Y estos demuestran que el país magrebí actúa como un matón de patio de colegio porque ha descubierto que comportarse así no tiene coste alguno. Amenaza, obtiene; presiona, cobra; traiciona, somete.

La realidad que España paga

Si analizamos a la población marroquí que vive en nuestro país, los datos objetivos y oficiales demuestran que tenemos un grave problema. En España viven 968.999 ciudadanos marroquíes, lo que supone aproximadamente el 2% de la población y el 14% de todos los extranjeros.

No obstante, en julio de 2024 había 5.471 presos marroquíes: el 29,5% de los reclusos extranjeros y el 9,3% de toda la población penitenciaria. Es decir, su peso entre los presos quintuplicaba su peso demográfico.

Para más inri, un informe del Ministerio del Interior sobre delitos contra la libertad sexual contabilizó en 2024 a 1.100 marroquíes detenidos o investigados, el 7,65% del total y el 19,5% de los extranjeros investigados. Lo que implica que estén casi cuatro veces sobrerrepresentados en los delitos sexuales.

Si analizamos lo que aportan en contraposición a lo que reciben, la situación es para echarse las manos a la cabeza. Según datos del INSS, es una de las nacionalidades con menor porcentaje de cotizantes –apenas el 36%–, mientras que suponen el 49,65% de los extranjeros que cobran el Ingreso Mínimo Vital.

En definitiva, figuran entre las nacionalidades que, en términos relativos, más delinquen, menos aportan y más se benefician de las ayudas sociales.

Millones para el Mundial, menores para España

Marruecos ha decidido destinar cerca de 20.000 millones de euros para organizar el Mundial en 2030, dinero que está usando para, en la infinita deslealtad que le caracteriza, intentar robarle a España la final.

Para ello, está construyendo el gigantesco estadio Hassan II, con 115.000 localidades, una ostentación difícil de explicar en un país donde una buena parte de su población aún vive en situación de pobreza.

Por el contrario, España ha aprobado una partida excepcional de 25 millones de euros para acoger a los menores, en vez de ejecutar los acuerdos bilaterales vigentes y devolvérselos a sus familias.

Mientras Rabat levanta su monumento propagandístico, España debe alojar, mantener, escolarizar y redistribuir a los menores marroquíes que llegan solos a Ceuta. Marruecos posee dinero para competir por el mayor espectáculo deportivo del mundo, pero necesita que el contribuyente español se haga cargo de las responsabilidades que abandona al otro lado de la frontera.

El precio de arrodillarse

España no mantiene la frontera con Marruecos mediante una relación entre iguales, sino pagando un vasallaje continuo a Rabat.

No existe una cuota anual única, pero durante años se han sucedido partidas millonarias para financiar despliegues, vehículos, cámaras térmicas y material destinado a las fuerzas marroquíes. Solo entre 2019 y 2022 las cantidades publicadas superaron ampliamente los cien millones de euros, con entregas recurrentes de treinta millones. A ellas se suma el programa europeo de quinientos millones para cooperación migratoria durante el periodo 2021-2027.

¿Y qué recibimos a cambio? Una frontera cuya vigilancia parece depender del estado de ánimo de Mohamed VI. Cuando interesa conservar la cordialidad, Marruecos contiene las salidas y el Gobierno presenta el descenso de llegadas como un éxito de la cooperación. Pero cuando Rabat quiere castigar a España, los agentes desaparecen y miles de personas se convierten en instrumento de presión. Ocurrió en Ceuta en 2021 y ha vuelto a quedar demostrado: no estamos pagando una política fronteriza estable, sino financiando el interruptor con el que Marruecos abre y cierra nuestra frontera a voluntad.

Sobre esta relación planea además una pregunta que el Gobierno nunca ha despejado. Pegasus extrajo 2,57 gigabytes del teléfono de Pedro Sánchez y también infectó los móviles de varios ministros. La investigación judicial terminó archivada sin autor conocido porque Israel se negó a colaborar. Los indicios recibidos desde Francia señalaron una posible conexión marroquí, pero no permitieron probarla. No sabemos qué se llevaron, quién lo encargó ni si aquel material guarda relación con el inexplicado giro de Sánchez sobre el Sáhara. No puede afirmarse que exista un chantaje, pero sí puede afirmarse que España cambió una posición histórica después de que su presidente fuera espiado y que el Gobierno continúa negándose a ofrecer una explicación suficiente.

La sumisión llega incluso a la Corona, pues Felipe VI no ha pisado oficialmente Ceuta ni Melilla durante su reinado. La Casa Real ha expresado su deseo de acudir a Ceuta, pero el Gobierno se ha negado en redondo.

Ese es el precio de arrodillarse: pagar a Marruecos para que vigile una frontera que utiliza contra nosotros, callar ante un espionaje todavía sin autor, alterar nuestra política sobre el Sáhara y tratar una visita del Rey a territorio nacional como si necesitara permiso de Mohamed VI. Rabat no necesita respetar a España porque ha aprendido que presionarla sale gratis y que traicionarla siempre obtiene recompensa.