El Gobierno de Pedro Sánchez avanza en las concesiones al independentismo. Después de haber decidido "condonar" el 22% de la deuda de Cataluña contraída con la Administración General del Estado, el pasado 28 de febrero se anunció que el Gobierno de España y la Generalidad de Cataluña han acordado "la puesta en marcha de un modelo de gestión compartida" para el impuesto de matriculación.
De esta forma, la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ejercerá por primera vez competencias en la aplicación del impuesto. Así, podrá utilizar la información, las aplicaciones informáticas y los procedimientos de los que se sirve la Agencia Tributaria para desarrollar sus funciones.
En concreto, para ejecutar este modelo de gestión compartida se prevén diferentes fases que incluyen la designación de funcionarios de la Agencia Tributaria de Cataluña y su formación, la puesta en marcha de actuaciones preparatorias, desarrollo informático necesario para la gestión del tributo y, finalmente, la implantación de la gestión compartida.
Del mismo modo, el Gobierno y la Generalidad acordaron una mayor participación de la ATC en la Campaña de la Renta 2024 y la puesta en marcha de un grupo de trabajo para analizar la creación de un consorcio paritario Estado-Generalidad en materia de inversiones. De esta forma, este grupo estará compuesto por cuatro representantes de la Administración del Estado y cuatro de la Generalitat.
Deuda y servicios
Pero las concesiones a los independentistas no se quedarán aquí. De hecho, en relación con la deuda, ambas administraciones han acordado impulsar los trámites e instrumentos legales necesarios para llevar a cabo la reducción de 17.104 millones de euros de la deuda de la Generalidad con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Además, en el ámbito económico, se incluye también la transferencia a la Generalitat de 25,59 millones de euros para cubrir la deuda pendiente con Renfe en concepto del Plan de Acción de Cercanías del ejercicio 2024; financiación de becas y ayudas al estudio a través de una aportación anual del Estado a la Generalitat de 2,1 millones de euros para cubrir el coste asociado a la gestión de las becas, y se amplía la vigencia del grupo de trabajo que tiene que analizar el impacto de la normativa estatal en el coste de prestación de los servicios penitenciarios.