Uno de los debates que se ponen de moda de manera cíclica en el debate público es el de proponer algún tipo de renta básica garantizada que proporcione una serie de ingresos fijos a un grupo concreto de la población, o a todo el mundo en el caso de ser una renta básica universal. Estas iniciativas suelen ser casi siempre promovidas por organizaciones políticas de izquierdas, que llegan a decir que una renta de estas características es algo así como lo que depara "el futuro". En Libre Mercado ya hemos mostrado varios experimentos donde el resultado es un desincentivo al empleo, como era de esperar.
Al hilo de esta cuestión, se acaba de publicar un paper donde se trata la cuestión de una política de ingresos garantizados en Barcelona a familias con bajos ingresos. Este trabajo ha sido elaborado por Timo Verlaat, Federico Todeschini y Xavier Ramos, y recibe el nombre de "Los efectos sobre el empleo de una política de ingresos garantizados basada en la prueba de medios". En este trabajo se estudia qué efectos tuvo la asignación de una renta garantizada a familias de ingresos bajos en Barcelona.
Entre los años 2017 y 2019 se llevó a cabo un experimento donde se otorgó una serie de ingresos garantizados a familias de diez barrios pobres de Barcelona. Este programa realizó un seguimiento de 1.200 hogares desde su inicio hasta seis meses después de la última transferencia. Pues bien, el principal hallazgo que encuentras los autores es que el programa tuvo, en promedio, considerables efectos negativos sobre el empleo.
En palabras textuales de los autores: "Aproximadamente dos años después del inicio del programa, los beneficiarios principales de los hogares de tratamiento tienen un 22% menos de probabilidad de trabajar que sus contrapartes del grupo de control. Cabe destacar que los efectos negativos en el empleo persistieron durante al menos seis meses tras la finalización de las transferencias".
¿En qué consistió el programa?
Este experimento contó con la participación de 1.518 hogares, divididos en 822 hogares que fueron asignados al grupo de tratamiento, 378 hogares que fueron al grupo de control y 318 a grupos fuera del alcance del estudio. Los hogares del grupo de control no recibieron nada y sólo fueron encuestados. Los hogares del grupo de tratamiento participaron durante 23 meses recibiendo transferencias desde diciembre de 2017 hasta octubre de 2019.
Los hogares del grupo de tratamiento recibieron una transferencia mensual promedio de 422 euros durante el ensayo, cuya asignación variaba en función de la cantidad de miembros de la familia. La transferencia máxima fue de 1.297 euros para una familia de cuatro miembros y una máxima de 663 para un hogar unipersonal. Esta prestación se eliminaba de forma gradual al ir obteniendo ingresos adicionales.
Los autores creen que el impacto general del programa se puede resumir en cuatro claves:
1) Se ha encontrado evidencia sólida de considerables efectos negativos en la oferta laboral: después de dos años, los hogares del grupo de tratamiento tenían un 14% menos de probabilidad de tener al menos un miembro trabajando, y los beneficiarios principales tenían un 22% menos de probabilidad de trabajar.
2) Las tasas de empleo se mantuvieron bajas seis meses después del tratamiento, lo que sugiere que las decisiones sobre la oferta laboral podrían ser difíciles de revertir.
3) No hay evidencia de efectos sustanciales en la participación social ni en las actividades educativas.
4) Existe evidencia tentativa de sustitución laboral por cuidados.
En definitiva, vemos que este experimento provocó una caída considerable del empleo en aquellos hogares donde se recibió un ingreso de unos 422 euros mensuales (en promedio) en comparación con aquellos hogares que no recibieron nada. Una consecuencia muy en línea con los resultados observados en otros muchos experimentos de este estilo.