El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, ante una nueva polémica tras salir a la luz un intento de encubrir el vertiginoso aumento del gasto del 174% en traductores de árabe destinados a atender a solicitantes de asilo. Desde 2022, este desembolso se ha triplicado. La opacidad del ministerio quedó al descubierto gracias a la presión de un ciudadano que, tras meses de lucha, logró que el Consejo de Transparencia forzara la entrega de los datos solicitados. En este contexto, Libre Mercado ha tenido acceso a dos documentos clave del Ministerio del Interior que destapan esta situación: ambos firmados por Octavio Rivera Atienza, Director General de Protección Internacional.
La controversia comenzó cuando el ministerio respondió de manera vaga a una petición ciudadana: "Solicito la siguiente información por motivos periodísticos: ¿Cuánto dinero ha destinado Interior a contratar traductores de árabe para los solicitantes de asilo en 2022, 2023 y 2024? Desglosado por años ¿Cuántos traductores en total se han contratado?". Lejos de ofrecer claridad, la institución intentó esquivar las preguntas con información general y referencias imprecisas, lo que desató un proceso de reclamación que terminó exponiendo sus maniobras. Estos documentos, obtenidos en primicia por LM, no solo revelan las cifras exactas, sino también el esfuerzo del ministerio por mantenerlas bajo llave, un hecho que ha avivado las críticas hacia la gestión de Marlaska en un momento de creciente demanda de transparencia ante las críticas de su gestión.
Primera respuesta del ministerio: datos vagos y sin enfoque
Cuando se planteó la consulta inicial, el Ministerio del Interior optó por una contestación que esquivaba el núcleo de la solicitud. En lugar de detallar el presupuesto destinado específicamente a traductores de árabe, la institución facilitó un monto global correspondiente a todos los servicios de interpretación contratados. Según el expediente 00000023P079, accesible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el coste total ascendía a 1.854.066,64 euros. Sin embargo, esta cantidad englobaba a intérpretes de diversos idiomas, ignorando por completo la petición concreta de centrarse en el árabe. La maniobra fue vista como un intento de diluir la información y evitar que se conociera el alcance real del gasto en este ámbito específico, dejando al solicitante sin respuestas claras y alimentando las sospechas de falta de transparencia.
Un camino lleno de obstáculos para obtener la verdad
La batalla por la información tuvo un recorrido prolongado y lleno de trabas. Todo comenzó el 18 de noviembre de 2024, cuando se presentó la solicitud original al Ministerio del Interior. Al no recibir contestación, el ciudadano acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el 23 de marzo de 2025 para denunciar el silencio administrativo. Finalmente, el 11 de abril de 2025, el ministerio emitió una respuesta, pero esta resultó insuficiente al carecer del desglose solicitado. Disconforme, el reclamante amplió su queja, exigiendo los datos específicos sobre traductores de árabe. El 25 de junio de 2025, el Consejo falló a su favor, obligando al ministerio a actuar. No fue hasta el 4 de julio de 2025 cuando, tras meses de insistencia, se entregaron por fin los detalles requeridos, evidenciando el esfuerzo del organismo por retrasar y complicar el acceso a esta información.
Excusas del ministerio para mantener el secreto
El Ministerio del Interior justificó su reticencia inicial a desglosar los datos con argumentos que, lejos de aclarar, buscaban esquivar la obligación de transparencia. Según sus alegaciones, la empresa encargada de los servicios de interpretación (SEPROTEC) tiene el deber de proveer profesionales en cualquier lengua necesaria, sin limitarse a una en particular. Apoyándose en el artículo 16.2 de la Ley 12/2009, que garantiza asistencia lingüística a solicitantes de asilo en el idioma que requieran, el organismo afirmó que no había necesidad de separar los costes por lengua, ya que el contrato abarca un servicio integral. Esta explicación, sin embargo, fue percibida como una excusa para evitar revelar el incremento específico en el uso de traductores de árabe, un dato que finalmente salió a la luz pese a sus intentos de ocultarlo.
El Consejo de Transparencia desmonta la estrategia del ministerio
La resolución del Consejo de Transparencia puso fin a las evasivas del Ministerio del Interior, respaldando al reclamante con un razonamiento sólido. Basándose en el artículo 22.3 de la Ley de Transparencia, el organismo señaló que, aunque es válido remitir a información ya publicada, esto debe hacerse de manera precisa, indicando exactamente dónde encontrarla. La respuesta inicial del ministerio, que se limitó a señalar la Plataforma de Contratación del Sector Público sin orientar al solicitante hacia los datos específicos, fue calificada de insuficiente. El Consejo subrayó que el derecho de acceso a la información pública exige respuestas claras y completas, dejando en evidencia que la institución había incumplido este principio al ofrecer una solución genérica que no satisfacía la petición planteada.
Cifras al descubierto: un gasto que se dispara
Tras la presión del Consejo de Transparencia, el Ministerio del Interior no tuvo más remedio que revelar los números exactos, mostrando un crecimiento exponencial en el presupuesto para traductores de árabe. En 2022, el desembolso alcanzó los 137.795,16 euros, con 158 profesionales contratados para asistir a solicitantes de asilo. Al año siguiente, 2023, la cifra descendió ligeramente a 109.491,83 euros, mientras el número de intérpretes aumentó a 163. Sin embargo, el salto más notable ocurrió en 2024, cuando el coste se disparó hasta los 322.295,12 euros, un aumento del 174%, acompañado de la contratación de 221 expertos en árabe. En total, entre 2022 y 2024, el gasto acumulado asciende a 569.582,11 euros, una suma que triplica la cantidad inicial y refleja una tendencia al alza en la demanda de estos servicios debido a la gran afluencia de inmigrantes irregulares.
Un dato adicional, hallado en una subsanación de errores en el portal de contratación, indica que los traductores reciben 0,07 euros por cada palabra traducida. Este detalle, aunque pequeño, permite dimensionar el volumen de trabajo que implica cada euro invertido y pone en perspectiva el coste total. El incremento sostenido tanto en el presupuesto como en el número de profesionales contratados apunta a un aumento significativo en las solicitudes de asilo de personas araboparlantes, un fenómeno que el ministerio trató de mantener en la sombra hasta que la intervención del Consejo de Transparencia lo obligó a rendir cuentas.