En los años de debate sobre el cierre nuclear, agudizado en los últimos meses según se acerca la fecha límite para Almaraz cuya clausura está prevista para 2027 y 2028, la situación catalana ha salido varias veces en el debate: de todas las regiones con centrales nucleares, Cataluña es la que más perdería si cierran sus dos centrales y tres reactores: los dos de Ascó, en 2030 y 2032, y Vandellós, en 2035. Aproximadamente el 60 por ciento de la electricidad generada en Cataluña procede de la nuclear mientras que las renovables que supuestamente están llamadas a reemplazarla tienen un desarrollo en la región muy inferior a otras autonomías.
A la preocupación común a otras regiones de la pérdida de empleos y despoblación en sus zonas de influencia se suma en Cataluña la pérdida de independencia energética: hace pocos meses, un informe de PwC avisaba de las catastróficas consecuencias que conllevaría el cierre nuclear para Cataluña por su condición de gran consumidora de energía y por la pobre implantación renovable, de tan sólo un 8 por ciento. En esa línea se han manifestado repetidamente las patronales catalanas, mientras que Junts y ERC han mantenido posiciones llamativas. Los republicanos llegaron a abstenerse en proposiciones del PP a favor de la continuidad nuclear agarrándose a la destrucción de puestos de trabajo y el partido de Carles Puigdemont lo ha hecho en repetidas ocasiones con discursos críticos con la cruzada antinuclear del Gobierno.
Ese motivo de choque entre nacionalismo y Moncloa, que en el entorno del sector daba esperanzas de un cambio en la cerrazón del Ejecutivo frente a una energía que está en plena expansión en otros puntos de Europa y del mundo, podría acabar convertido en una nueva y escandalosa cesión del Gobierno de Pedro Sánchez a Cataluña: según publica este lunes ABC, a la singularidad fiscal catalana estaría a punto de sumarse la singularidad energética. Sánchez habría dado su palabra a sus socios separatistas, según fuentes de estas formaciones citadas por el diario, de esta nueva cesión que conllevaría la extensión de la vida útil de Ascó y Vandellós, en contra del calendario pactado en 2019 de las empresas y que recoge tanto el PNIEC enviado a Bruselas como el Plan General de Residuos Radiactivos.
Según el diario, el punto de inflexión para el separatismo habría sido el apagón del pasado 28 de abril, que el Gobierno, a regañadientes, ya achaca en parte a una insuficiente programación de Red Eléctrica de potencia firme. Sin embargo, el pacto no supondría parar el resto de cierres previstas: Trillo, en Guadalajara, en 2035; la valenciana Cofrentes, contra la que se ha manifestado todo el empresariado valenciano y a la que Mazón acaba de bajar los impuestos y Almaraz, en Extremadura, que agota el plazo para dar marcha atrás a tiempo y evitar que el cierre sea irreversible, al menos durante unos meses. Según se desprende de la información Sánchez podría "sacrificar" la central cacereña para contentar a Sumar aunque estuviera dispuesto a retrasar el cierre de otras plantas para continuar conservando el apoyo nacionalista.
La noticia ha indignado en la región, que sigue batallando contra la clausura de una planta que supone la generación del 7 por ciento de la electricidad de toda España y cuyo futuro sigue en el aire: la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, no ha cambiado su postura después de que Iberdrola y Endesa enviaran una carta para abordar una prórroga. Desde la plataforma Sí a Almaraz, formada por vecinos, trabajadores y empresarios de la zona, señalan que si se confirmara la noticia de ABC sería "un gran escándalo". "Con apagón y sin apagón, España no puede permitirse el lujo de cerrar Almaraz y mantener otras centrales", señala Fernando Sánchez, presidente del colectivo. "Almaraz es un símbolo para la industria nuclear en España y para los extremeños es una gran fuente de riqueza y empleo igual que el resto de las industrias nucleares para otras regiones", apunta, "Extremadura no puede ser de nuevo el conejillo de indias, a la que se quiere condenar a la desindustrialización". Desde Madrid, para la que Almaraz supone el 15% de la electricidad que consume, Isabel Díaz Ayuso ha denunciado el nuevo privilegio catalán.
Los privilegios para Cataluña son una tomadura de pelo para el resto de los españoles: no recibirá inmigrantes y será la única en mantener la energía nuclear.
Sánchez invade competencias de la Comunidad de Madrid (universidad, autonomía fiscal…) mientras da todo tipo de… pic.twitter.com/2qiqC90OZO
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 21, 2025
La posibilidad de que finalmente Almaraz se cerrara pero otras consiguieran alargar su vida ha rondado siempre el debate nuclear, pero desde el sector siempre se ha avisado de que cerrar una terminaría conllevando el cierre del resto, por las consecuencias que tendría perder una parte importante del parque nuclear español a la hora de mantener a la industria asociada. Desde el sector, también se lleva meses alertando, por otro lado, de que el cierre se notaría especialmente en Cataluña: en un reciente acto con periodistas, el presidente de la patronal, Ignacio Araluce, avisó de que Cataluña "volverá a la edad de Piedra" si las clausura.
En paralelo al debate y las negociaciones soterradas entre el Gobierno central y el separatismo, la semana pasada la región terminó de complicarse su futuro energético con la retirada de un decreto ley que buscaba agilizar la implantación de proyectos renovables y de almacenamiento energético. Los republicanos avisaron de que no lo apoyarían amparándose en la protección del paisaje que en Cataluña ha venido paralizando proyectos sí se han desplegado ampliamente en la vecina Aragón y en otras regiones españolas.