La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha confirmado que el Ministerio de Hacienda llevará al Consejo de Ministros para su aprobación el próximo martes un anteproyecto de ley para que el Estado asuma la deuda pública de las comunidades autónomas por un importe de 85.000 millones de euros con el único objetivo de contentar a Cataluña.
En declaraciones a los periodistas en una visita a una empresa de la Zona Franca de Sevilla, Montero ha dicho que "es difícil que las comunidades autónomas no acepten la condonación de la deuda", en alusión al rechazo de Andalucía y el resto de comunidades gobernadas por el PP.
De hecho, Montero ha destacado que Andalucía será una de las comunidades más beneficiadas por la condonación de deuda, ya que en su caso estará por encima de los 17.000 millones de euros. "No tienen argumentos para renunciar", ha insistido Montero, como si la deuda fuese a volatilizarse mágicamente en lugar de recaer en todos los contribuyentes.
Montero niega el cupo catalán
A cambio de la investidura de Pedro Sánchez, ERC y el PSOE pactaron la condonación de 15.000 millones, el 20% de la deuda catalana, pero finalmente se llegó al 22%, exactamente 17.000 millones. Pero para que ese pago a cuenta del erario público no fuese tan descarado, el Gobierno tuvo que incluir al resto de comunidades autónomas.
A pesar de ello, Montero ha insistido este viernes en que es "mentira" que haya un cupo catalán y un trato privilegiado a otras comunidades como sostiene el presidente andaluz, Juanma Moreno. Y para respaldar su argumento ha citado precisamente a Oriol Junqueras.
En el relación al sistema de financiación autonómica, la vicepresidenta primera ha incidido en que tiene que contar con mayores recursos para todas las comunidades autónomas "sin ningún tipo de privilegio" y ha garantizado que "mientras que el Partido Socialista gobierne no va a haber ningún agravio territorial ni ningún tipo de privilegio".
Montero también ha acusado al presidente andaluz de utilizar el debate de la financiación autonómica y la condonación de la deuda para "confrontar con el gobierno de España a base de mentiras". Según Montero, la cuestión no es solo del volumen de recursos sino de orientación, ya que ha denunciado que Andalucía los destina a conciertos con la sanidad privada en vez de, por ejemplo, a mejorar los salarios, las listas de espera, el equipamiento de las instituciones públicas, lo que produce un "desmantelamiento de la sanidad pública a costa o en beneficio de la sanidad privada".
La Junta responde a Montero
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha recriminado a Montero que, en realidad, el Gobierno busca "blanquear una medida que no han pedido las comunidades autónomas, sólo Cataluña", de forma que hacer "extensiva al resto de España" dicha condonación de deuda "es la forma de blanquear este pago al independentismo".
"Es lo que hemos dicho siempre, una cesión más, un privilegio más" del Gobierno de Pedro Sánchez "a cambio de los votos necesarios para seguir en Moncloa", ha denunciado la titular andaluza de Hacienda, quien también ha remarcado además que "la deuda no desaparece, sino que se mutualiza" con esta iniciativa, de forma que "la deuda no se va a pagar como andaluces, sino como españoles", ha puntualizado.
Además, ha advertido de que "esta condonación de la deuda no nos supondría ni un euro más para invertir en Andalucía ni en sanidad, ni en educación ni en dependencia, no supone más recursos ni para pagar más médicos, ni más profesores, ni para invertir en la mejora de carreteras ni en viviendas", según ha abundado la consejera, que ha subrayado que así lo han dicho "alto y claro la mayoría de las instituciones competentes en el tema", como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
"Así que nadie debe llevarse a engaños", ha continuado manifestando Carolina España, quien en ese punto ha señalado que la condonación de deuda "sería sólo una mejora en los balances de cuentas que principalmente va a beneficiar a las comunidades más endeudadas al mejorar su solvencia", pero que "no se traduce en más recursos para los ciudadanos", según ha insistido.