El Gobierno cargará al Estado (es decir, a todos los ciudadanos) la friolera de 83.252 millones de deuda de las CCAA con el único objetivo de contentar a los independentistas catalanes. Así lo aprobó ayer martes el Consejo de Ministros.
Fue en el año 2023 cuando PSOE y ERC pactaron este regalo a Cataluña a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. El acuerdo con los independentistas consistía en una condonación de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del 20%. En un principio iba a ser de 15.000 millones de euros y ahora va a superar los 17.000 millones.
Actualmente, Cataluña adeuda más 70.000 millones al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la mayor cuantía del país. El FLA es un instrumento ideado por Cristóbal Montoro en 2012 para facilitar el endeudamiento de las autonomías a través del Estado y evitar que algunas quebraran. Por tanto, no deja de ser llamativo que la región que ERC y Junts quieren separar de España sea la que más haya recurrido al Estado para financiarse en los últimos años.
Sin embargo, como sería demasiado descarado que la prebenda de Pedro Sánchez al independentismo fuera dirigida exclusivamente a Cataluña, el Gobierno también ha tenido que condonar parte de su deuda al resto de CCAA. Así, Andalucía tendría 18.791 millones de euros menos de pasivo; Cataluña, 17.104 millones y Valencia, 11.210 millones.
Por tanto, para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su fórmula no tiene más que ventajas para todas las regiones del país. Sin embargo, la realidad es bien distinta. A continuación, todo lo que la socialista no cuenta:
Pero este acuerdo tendrá un coste para el resto de españoles, que serán los que carguen a partir de ahora con la devolución de dicho dinero
Montero estaba en contra
La hemeroteca vuelve a golpear a Montero. Cuando en el año 2018 Montero ocupaba el cargo de consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, la actual ministra se mostró en contra de cualquier tipo de medida como la actual en una comisión con Cristóbal Montoro, entonces, ministro de Hacienda.
"El señor Montoro no puede pretender que, vía reestructuración de deuda o condonación, se pueda sustituir el debate por mucho que se beneficiara Andalucía", rechazaba la socialista, que se centraba en pedir un cambio en el modelo de financiación que, siendo la ministra competente desde hace 6 años, no ha llevado a cabo.
La deuda no desaparece
Aunque el Ejecutivo presente su plan como si los 83.252 millones de deuda de las CCAA desaparecieran por arte de magia, lo cierto es que esta especie de barra libre de deuda que ha abierto el Gobierno no es más que una mutualización de la misma. Es decir, los 83.252 millones de euros pasan a manos del Estado, sostenido por ciudadanos de todos los territorios, por lo que se colectivizan esos pasivos.
Perjudica a los ciudadanos de algunas CCAA
Por tanto, el plan de Sánchez supondrá un castigo para los ciudadanos que viven en territorios con menos deuda (o ninguna) con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como Madrid, porque tendrán que cargar con una mayor deuda en términos netos.
Sin embargo, actúa como un premio para las CCAA que han sido más irresponsables desde la época previa a la creación del FLA, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, que trasladarán al resto un endeudamiento de obligado pago.
Incentivo a la irresponsabilidad fiscal
Montero no hará evaluaciones de gasto ni antes ni después de esta condonación masiva. Tampoco exigirá ningún tipo de condición o de contención de la deuda autonómica, sino todo lo contrario.
De hecho, uno de los argumentos que ha usado para defender su plan es que las regiones podrán seguir endeudándose (ya sea en los mercados o con el Estado como acreedor). Esto supone toda una invitación al despilfarro y un claro aumento del riesgo moral, ya que es el Estado el que asume las consecuencias de los actos de las regiones. Actualmente, solo Madrid, País Vasco, Navarra y Canarias tienen una deuda por debajo del 13% que marca la ley.
Falta de credibilidad entre los inversores
De hecho, el elevado riesgo moral que genera la fórmula Montero ha sido una de las principales críticas que está recibiendo la mutualización del Gobierno. Para descrédito internacional, agencias de calificación como S&P y Moody’s han avisado de ello en los últimos meses.
S&P consideró que la quita "puede generar riesgo moral al disminuir los incentivos de las regiones para controlar el crecimiento de la deuda", lo mismo que piensa Moody’s, que además alertó de que su implantación podría afectar al crédito del bono soberano español.
Preguntada por esta cuestión por Libre Mercado en marzo, Montero negó "el riesgo moral" que estaría promoviendo su idea, y pidió "a las agencias de calificación de la deuda, tranquilidad absoluta. La calificación no se va a ver alterada porque esta deuda ya existía. Tenemos absolutamente milimetrado el riesgo", aseguró la responsable de Hacienda.
Agravio a Madrid
La región de Isabel Díaz Ayuso se enfrenta a diferentes agravios ante la fórmula Montero. El primero, y el más evidente, es que Cataluña tiene más del doble de deuda que Madrid pese a tener unas características económicas y poblacionales similares.
Sin embargo, como la región de Ayuso tiene un pasivo menor, el Gobierno ha decidido que podrá acogerse a una quita de poco más de 8.000 millones de euros, mientras que Cataluña disfrutará de una condonación de 17.000 millones.
Como ya explicamos en LM, esto también implica que si la región de Ayuso se hubiera endeudado al mismo ritmo que Cataluña en el pasado, ahora los madrileños gozarían de millones de euros gratuitamente.
Además Hacienda premiará a las regiones que hayan subido el IRPF en los últimos años con una condonación extra de 917 millones. De nuevo, se trata de otro castigo a la Comunidad de Madrid, cuya política regional histórica ha sido bajar el IRPF en todos los tramos del impuesto.
Bajar el IRPF no implica disminuir recaudación
En este sentido, cabe recordar que Madrid, a pesar de bajar el IRPF, es la región de España que más recauda por este tributo. En concreto, la autonomía de Ayuso elevó la recaudación del tramo autonómico de su IRPF en 852 millones de euros en 2023, un 6,4% más de ingresos que un año antes, según los últimos datos oficiales del propio Ministerio de Hacienda.
La Airef desmiente a Montero
La ministra de Hacienda celebró ayer que las CCAA podrán usar el ahorro de los intereses tras la quita de deuda en gasto social (entre 6.600 y 6.700 millones de euros, según sus cálculos).
Sin embargo, esta posibilidad ya fue desmentida por la Airef de cara al cumplimiento de las reglas fiscales debido a que los intereses de la deuda no computan en la regla de gasto.
"La condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las CCAA y un incremento en la Administración Central. No obstante, hay que considerar que los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas" publicó el organismo en una nota explicativa en febrero.