El título de hoy muestra que he optado por lo políticamente incorrecto, además de ganarme la antipatía de propios y extraños. Aunque hay opiniones encontradas en las propias Comunidades Autónomas sobre la quita parcial de su deuda, aprobada por el Gobierno de la Nación el pasado martes, no es tan claro que, por dignidad, todas renuncien al viejo refrán de "a nadie amarga un dulce".
Convendría empezar planteándonos una cuestión previa: ¿Es realmente un dulce, el perdón/quita de su deuda al deudor, contraída voluntariamente, en aras de su competencia política?
La sociedad, de la que formamos parte, vive y se desarrolla contando con unos principios de carácter y origen diferente – políticos, económicos, sociales… – pero que constituyen el sustrato de sus derechos, obligaciones, modos de hacer… y los cimientos de las relaciones entre sus ciudadanos.
Cuántos de esos principios se tambalearían por el simple hecho de que las deudas asumidas por los sujetos – privados o públicos –, no tuvieran la seguridad sus acreedores, de ser satisfechas a su vencimiento – en tiempo y forma –, según lo pactado. Además, dónde quedaría ponderar al buen administrador y diferenciarlo del infiel, del derrochador, del malversador…
Se dirá que, en estos casos, no se trata de no pagar la deuda asumida por la Comunidad Autónoma, sino de que aquella sea asumida, en cuantía a determinar – quizás arbitrariamente –, por el propio Estado, convirtiéndose así en deudor por sustitución de quien lo fue en origen.
Esta explicación, tan inocente en principio, contraviene un principio esencial que rige en las relaciones jurídicas acreedor/deudor, por el que, así como el acreedor puede ser sustituido por un nuevo acreedor, mediante simple comunicación al deudor, el deudor no puede ser sustituido por otro deudor, a no ser que exista aceptación formal del acreedor. Aun suponiendo que el acreedor fuera el Estado, es decir, el pueblo español, requeriría su aprobación – Cortes Generales –, pues la condonación, no es facultad del Gobierno.
Por poner un ejemplo muy actual: ¿Aceptarían, las multinacionales de energías renovables, la sustitución de las Comunidades Autónomas por el Estado español, cuando, la deuda de éste con aquellas, pese a las sentencias condenatorias, sigue sin liquidarse?
Desde la ignorancia, cabría alabar la generosidad del Estado, quizás este sea el objetivo, si no fuera porque su propia deuda consolidada es ya superior al PIB de la nación española. ¿A quién se trata de engañar? A la postre, el importe de la quita lo pagarán, de todos modos, los españoles, no como contribuyentes de su Comunidad, sino del Estado, peligrosamente arbitrario. ¡Claro que no se ha pedido dictamen previo a la AIREF!
Estamos ante un verdadero desorden fiscal en nuestro país, tal como, si en lugar de gobierno, tuviéramos amos que deciden, con arbitrariedad, sobre las obligaciones de quién y para con quién.
Imaginemos finalmente, un escenario español de quitas abundantes. ¿Quién estaría dispuesto a conceder créditos, cuando no se sabe quién será el deudor último obligado al pago de la deuda?
¡Sepultemos el viejo principio de que, persona – privada o pública – de bien, es la que cumple debidamente sus compromisos!