El pleno del Senado aprobó este jueves la Ley de Movilidad Sostenible con la incorporación de más de un centenar de enmiendas. El texto tendrá que volver ahora al Congreso para someterse a una nueva votación donde las aportaciones serán rechazadas o no por el PSOE y su cada vez más frágil alianza Frankenstein. Entre las enmiendas destaca una referida al cierre nuclear, que llega después de que las propietarias de Almaraz enviaran a Transición Ecológica su petición formal para retrasar el cierre a 2030, dejando así la pelota en el tejado del Gobierno.
Los populares justificaban incluir la prórroga nuclear en la Ley de Movilidad Sostenible por la necesidad de que este tipo de energía siga contribuyendo "a la mitigación del cambio climático y su sostenibilidad medioambiental", en alusión a que no genera emisiones y la Comisión Europea la considera verde.
La enmienda, presentada el senador Juan José Sanz, propone la modificación de tres órdenes ministeriales: las que en su día renovaban la autorización de explotación de Almaraz, Ascó I y Cofrentes hasta 2030 y especificaban que ésta sería su fecha definitiva de cierre, atajando así futuras peticiones. El texto de los populares suprime la mención a ese apagado definitivo sustituyéndolo por un párrafo que establece que los propietarios podrán "solicitar, con al menos 18 meses de antelación a esa última fecha, una nueva autorización al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico", con menciones a la documentación necesaria.
La respuesta del Gobierno a esta maniobra de los populares que forzará otra incómoda votación en el Congreso la ha dado Sara Aagesen: en una entrevista en Radio Nacional de España, la ministra de Transición Ecológica ha dejado entrever su malestar con los populares, reprochándoles que incluyan "materias que no tienen nada que ver" en la Ley de Movilidad Sostenible, "que es muy necesaria en nuestro país".
"Algo sagrado"
A su juicio, la enmienda pronuclear "es extraordinariamente atrevida" por parte del PP: "Han tocado algo sagrado", ha dicho Aagesen mencionando la ley nuclear de 1964. La ministra del Gobierno que dice luchar contra los bulos ha afirmado que la enmienda de los populares supone pedir "una ampliación automática" sin atender a los "criterios técnicos de seguridad". "No hablamos de una tienda de ropa", ha añadido, apelando al resto de grupos parlamentarios "para que esto no ocurra".
Lo cierto es que la enmienda de los populares atiende a una vieja demanda del sector, que lleva meses avisando de que el cierre nuclear, además de en el PNIEC y en el pacto PSOE-Sumar, aparece en el BOE, en alusión a estas órdenes ministeriales. En la enmienda recién aprobada, no se alude a prórrogas automáticas sino que se menciona que las empresas tendrán que presentar una solicitud ante el Ministerio para una nueva autorización, con la documentación que requiera el CSN, siguiendo así el procedimiento habitual para las renovaciones de operación.
Entretanto, el Gobierno sigue aferrado a las cuestiones "técnicas" para no posicionarse sobre Almaraz y el resto del parque nuclear, señalando que será el Consejo de Seguridad Nuclear quien deberá decretar si puede seguir abierta. Pero la decisión del cierre es fundamentalmente política: en el caso de la central extremeña, el grueso de los preparativos están ya hechos (las renovaciones se piden por 10 años, aunque en su día sólo se autorizara la explotación para siete ) y será el Ejecutivo quien deberá decir si puede o no seguir operando cuando concluyan los trámites.